La Justicia avanza con la investigación por la denuncia contra el gobernador bonaerense y candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli por presunto enriquecimiento ilícito. Según pudo saber PERFIL, el juez de garantías de La Plata Pablo Raele y el fiscal Jorge Paolini realizaron en los últimos días una serie de medidas para cotejar con distintas dependencias gubernamentales lo que figura en el escrito presentado por el abogado Rafael Velischek el 24 de abril de este año.
En el expediente –al que este diario tuvo acceso en exclusiva–, Velischek considera que hay indicios suficientes para imputar a Scioli por bienes y gastos “no proporcionales” con sus ingresos. Allí, además del postulante a la presidencia y su esposa Karina Rabolini hay al menos otras siete personas involucradas y una red de sociedades presuntamente al servicio del “ocultamiento expreso de la composición patrimonial” del gobernador de la Provincia, indica el denunciante.
Días atrás, desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de La Plata partieron requerimientos para que los Registros de la Propiedad (de Capital y Provincia), la Dirección provincial de Personas Jurídicas y la Inspección General de Justicia (IGJ) informen sobre los detalles societarios y de bienes que Velischek denuncia. Asimismo, fueron enviados también oficios a ARBA y AFIP con el mismo objetivo.
La denuncia de Velischek se enmarca en el artículo 268 del Código Procesal de la Nación, que estipula que aquellos funcionarios que no puedan justificar el crecimiento de su patrimonio durante su gestión pública “serán reprimidos con reclusión o prisión de dos a seis años”, y fue ingresada antes de que el gobernador presentara su declaración jurada de bienes, hace unos quince días, en la que dice tener bienes, depósitos y dinero por $ 13.653.787,46.
PERFIL se comunicó con Velischek de acuerdo a ciertos rumores sobre que su denuncia podría estar motorizada por la oposición. El abogado negó las acusaciones. Tampoco quiso aportar detalles de la documentación que presentó en la Fiscalía General de La Plata.
Ante la denuncia, Scioli se presentó a declarar y para algunos juristas consultados la reacción podría jugarle en contra al postulante a la presidencia. Como declaración testimonial “no puede decir falsedades”, coincidieron.
BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA:
Capanone SA. La firma es propietaria o responsable fiscal de al menos dos de los predios que el denunciado utiliza como propios en Villa La Ñata. Esta sociedad tiene el mismo domicilio fiscal que el propio Scioli: Paraguay 1465, 7º piso, “C” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y su presidente, Oscar José Vacca, declara como domicilio fiscal nada menos que en uno de los predios que componen la residencia de Scioli en Villa La Ñata. Vacca, además, fue vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, un organismo que dependía de la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación, cuando Scioli estaba a cargo de esa cartera. La vicepresidenta de Capanone SA, Lucía Di Nunzio, también aparece con una vinculación directa con el denunciado. Di Nunzio fue directora de Coordinación y Gestión Social del Senado, cuando Scioli presidía la Cámara alta, y años después –con Scioli gobernador– fue designada vocal del Consejo Provincial de las Mujeres.
Sunshine SA. Esta es una sociedad que también figura, según lo que indica la denuncia, como propietaria de parcelas de la residencia del gobernador en Tigre. Según el Boletín Oficial de la Provincia, la firma fue adquirida en 2009 por Oscar Vacca y Graciela Elba Blanco, que al tomar control de la sociedad, fijaron como nuevo domicilio social el de Belgrano 4561, en La Ñata. Blanco es presidenta de Sunshine y también propietaria o responsable fiscal de varios terrenos en Villa La Ñata, que Scioli utiliza como propios.
La misma escribana. Otra particularidad adicional que presenta la red de sociedades tiene que ver con la coincidencia en el escribano interviniente. Costanza Maffrand realizó diversos trámites para Capanone SA, Alero SA y TVG SA.
Viajes al exterior. Para Velischek, Scioli no puede justificar tampoco sus viajes por el mundo en aviones privados. En el escrito, el abogado recuerda escapadas del gobernador a Brasil, Europa y Estados Unidos, entre otros destinos, a bordo de jets alquilados especialmente para esos viajes. Incluido uno en una aeronave del tipo Hawker 4000, que “le pertenecería a Gustavo Carmona”, un empresario aeronáutico que fue investigado en el marco de la causa por dádivas que se le inició al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Servicios Emiser S.A. Es otra firma vinculada al gobernador y su esposa. Su presidente es Juan Carlos Mancinelli, al parecer también propietario –o al menos responsable impositivo– de cuatro parcelas que Scioli ocupa en Villa La Ñata. La sociedad fue inscripta como proveedora del Estado provincial en 2009, durante la gestión Scioli, y resultó adjudicataria de distintas obras públicas con financiamiento provincial, entre ellas, nada menos que la limpieza de un tramo del Río Luján, cuyos desbordes le provocaron al gobernador más de un dolor de cabeza. Estos trabajos se realizaron en UTE (Unión Transitoria de Empresas) con Centro Construcciones SA, una empresa que suele publicitar los eventos deportivos en el microestadio de La Ñata.
Alero SA. Es una sociedad dedicada a negocios inmobiliarios que, entre otras personas, la conforma Santiago Rabolini (hermano de Karina). Registra el mismo domicilio fiscal que el gobernador y constituye uno de los principales focos donde hoy la Justicia pone la lupa. Vacca, Blanco, y Di Nunzio, eran antiguamente titulares. La sociedad es dueña de un inmueble en Benavídez ubicado en la misma dirección (Chilavert 376) donde está radicada la firma TVG SA de la cual también forma parte la primera dama bonaerense. Con esta última se identifican los productos de belleza de la marca que lleva su nombre. Su presidente es Mariano Healy, socio de Rabolini en Cip SRL. En esa sociedad, Rabolini declara como domicilio la Gobernación bonaerense.
Otros nombres investigados. A los personajes anteriormente mencionados, la denuncia suma al menos a siete personas más, que en mayor o menor medida tienen relación –ya sea de titularidad, responsabilidad impositiva o domicilio fiscal– con parcelas que comprenden parte del predio que ocupa la casa que habita Scioli. El escrito involucra también a la firma IRSA, propietaria de los principales shoppings del país, quien sería titular del predio donde se encuentra construido el helipuerto de Villa La Ñata que habitualmente usa el gobernador de la Provincia para moverse por el país.
