El primer chispazo fuerte entre Nación y Provincia. Y no por los fondos para educación, obras públicas o el fondo del Conurbano. El cierre de la empresa provincial de trenes, Ferrobaires, tras un accidente que el jueves dejó treinta heridos, desató una feroz interna entre ambos gobiernos.
Durante casi siete meses, los funcionarios bonaerenses le pidieron al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Marcelo Orfila, que se ocupara de tomar el servicio ya que, adujeron, era inviable: 2.700 empleados para dos rutas (a Junín y a Bahía Blanca), numerosas irregularidades, coches en paupérrimo estado y una situación de rojo de más de $ 1.700 millones anuales.
Es más: desde febrero ni siquiera iba a Mar del Plata, ya que los durmientes que dejó Florencio Randazzo cedieron y hay peligro de descarrilamiento de las unidades. El ramal está a cargo de la Nación.
El tema escaló: hace poco más de diez días, María Eugenia Vidal llamó a Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Le dijo que el servicio no daba para más y que debían absorberlo desde Nación. Dietrich prometió que lo harían pero que había que estudiar el tema. El accidente aceleró los tiempos y la Provincia decidió descontinuar el servicio.
En la nota que envió anteayer el subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Gaytán, se explica que el cierre se debe a que se “toma conocimiento de los informes en los que se da cuenta del estado de situación del material rodante y de las instalaciones utilizadas, que se traducen en un riesgo a los usuarios y a los operadores del servicio”.
“Los trenes tienen más de treinta años de uso, inadecuado material de resguardo y muchos bienes en estado de inoperatividad”, plantea la Auditoría General de la Nación. Sólo el 8% del material rodante estaba activo. Por ello los trenes no salían todos los días.
El pase del servicio de Provincia a Nación no es nuevo: un convenio del 8 de febrero de 2007 fue firmado por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, con la gobernación de Felipe Solá para “iniciar el proceso de transferencia de servicios ferroviarios” a la Nación. Pero el proceso nunca se inició. El año pasado, un grupo de diputados nacionales de la oposición le solicitó al Ejecutivo kirchnerista que hiciera efectivo el convenio. Nunca ocurrió.
El tema central por el cual Orfila dudaba: qué hacer con los 2.700 empleados. “Los que realmente laburan son menos de mil”, se escuchó decir a Rubén “el Pollo” Sobrero en las reuniones con los funcionarios del PRO.
Tras el cierre, cuatro gremios se declararon en “estado de alerta”. Nación no quiere incorporar a todos. Creen que allí están entremezclados ñoquis, barras (sobre todo de Banfield) y personal poco calificado.
