Luciana Báez, actual titular de Austral Construcciones SA e hija del empresario kirchnerista, aseguró hoy a la Justicia federal que en el conglomerado empresario "quien tomaba las decisiones y las ejecutaba" era su padre, Lázaro Báez. Además propuso a la Justicia que "interroguen" a su familiar.
La mujer, que quedó al frente de las empresas del grupo Báez desde que su padre cayera detenido hace un año, concurrió a ampliar su declaración indagatoria ante el juez Sebastián Casanello en la causa denominada "Ruta del dinero K" y presentó un escrito de descargo.
Báez hija reiteró que "jamás" ha "sido titular de una cuenta bancaria en el exterior" ni "realizado actos de disposición de dinero en el exterior" así como tampoco ha "operado, de cualquier modo y bajo cualquier circunstancia, una cuenta bancaria extranjera". Y agregó: "De manera que niego totalmente la imputación que se me atribuye".
El escrito coincidió con la estrategia procesal usada por su hermano Leandro quien, el viernes pasado en su ampliación de indagatoria, precisó que "las decisiones en el grupo empresario fueron tomadas por su padre, en forma inconsulta, y por su estilo personalista, sin mediar diálogo alguno", según consignó la agencia DyN.
Casanello volvió a citar a indagatoria a los tres hijos de Báez que no están procesados luego de que Suiza informó que existen cuentas bancarias por 2,3 millones de dólares y euros en los bancos J. Safra y PKB Privatbank SA.
Un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) había asegurado en 2016 que en Suiza existían cuentas con unos 20 millones de dólares depositados a nombre de los hijos de Báez en Suiza, motivo por el cual el magistrado ya los indagó el año pasado aunque no resolvió sus situaciones procesales.
Según la acusación de la fiscalía, esas cuentas fueron usadas para sacar de la Argentina el dinero que se había recibido a través de la obra pública concedida al emporio Austral Construcciones. El dinero, sostiene el juez, fue luego reingresado al país mediante la compra de bonos argentinos en Suiza, que fueron vendidos por Helvetic Services Group, con el fin de darle apariencia de licitud a la maniobra.
Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro que -a diferencia de sus hermanos- ya está procesado en la causa, tiene otra defensa y deberá presentarse el próximo jueves en los tribunales de Comodoro Py 2002.
En esta causa también están procesados Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín -ambos cumplen prisión preventiva en el penal de Ezeiza-, el dueño de la financiera SGI ("La Rosadita"), César Gustavo Fernández, el propietario de la empresa privada de aviación Top Air, Walter Zanzot, y el operador financiero Fabián Rossi. Los acusados fueron imputados como coautores y partícipes, en distintos grados, del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.
La causa comenzó en abril de 2013 con un informe del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, donde el operador Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar hablaban de las maniobras de lavado de dinero de Báez. El expediente, sin embargo, cobró un nuevo impulso con la aparición de un video de seguridad grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se veía a varios de los procesados contando millones de billetes de dólares y euros.
