El presidente Mauricio Macri no hará nada para detener el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el que trabaja Elisa Carrió. Según revelan sus íntimos, “Lilita” encargó el proyecto, que presentará entre marzo y abril en el Congreso, hace más de un año y medio. En la “mesa jurídica” que asesora al Presidente no creen que haya motivos para enjuiciarlo. Pero no moverán un dedo para frenarlo. Y Macri tampoco.
“Lilita” se había enojado mucho cuando la Corte avaló la Ley de Medios del kirchnerismo y decidió empezar a investigar a Lorenzetti. Desde entonces mantuvo sus señalamientos contra el juez. En la última lo acusó de estar vinculado a una cooperativa que habría hecho negocios con el intercambio de cheques vinculados a clubes de fútbol y la AFA.
Con las acusaciones en marcha, a fines del año pasado, el jefe de Estado consensuó con su aliada desligarse de manera elegante. Todo acordado. Palabra por palabra.
De hecho, en la Casa Rosada aseguran que ninguna de las denuncias dañó el vínculo entre el Presidente y Carrió. Es más: nunca Macri le pidió a su aliada que cesara en su ofensiva contra el titular de la Corte, a pesar de los pedidos infructuosos de Lorenzetti, de manera personal, al propio Presidente.
En este marco, desde mitad de año, Macri le pidió al ministro de Justicia, Germán Garavano, que se haga cargo de ser el interlocutor con la Corte. “Lorenzetti es hipersensible a las críticas, sobre todo en los medios”, describen en el Gobierno.
La ofensiva de Carrió ya se había visto plasmada en Tribunales en enero del año pasado cuando, a un mes de comenzada la gestión de Cambiemos, presentó una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito del presidente del máximo Tribunal. El juez Sebastián Ramos terminó por cerrarla.
“Son los costos del disenso”, sostienen en Casa Rosada. “Hace un año que ‘Lilita’ está así y nos genera ruido, pero sobre todo es una distracción”, agregan. Como una parábola política, los integrantes de la mesa jurídica que recomienda a Macri no avalar el juicio político son aquellos que mejor relación tienen con la líder de la Coalición Cívica. El jefe de asesores del Presidente, José Torello, o Fabián “Pepín” Rodríguez Simón son los habituales interlocutores con ella.
¿Por qué Macri le da rienda suelta a Carrió en su embestida contra Lorenzetti cuando le pidió, de manera explícita en varias oportunidades que cese la ofensiva contra sus amigos Nicolás Caputo y Daniel Angelici? La respuesta se remonta a noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema falló, en lo que la Casa Rosada consideró una muestra de poder contra del Gobierno a días de asumir y declaró inconstitucional la quita del 15% de la masa de impuestos coparticipables por parte de la Nación a las provincias. Un fallo que al Presidente le costó deglutir.
Las tarifas también fueron un gesto intermedio. Pero el vínculo entre Lorenzetti y Macri fue mejorando, sin alcanzar confianza plena entre uno con el otro.
Late la pregunta entre los macristas: ¿usará en algún momento Carrió la información que posee sobre los presuntos nexos del titular de la Corte con el denunciado juez de Quilmes, Luis Armella, acusado por contratar a su familia en la causa por la limpieza del Riachuelo y señalado por diversas irregularidades? La abogada quilmeña y amiga de “Lilita”, Mónica Frade, quizás tenga la respuesta.
Las versiones sobre el alejamiento de Lorenzetti fueron desacertadas. Tampoco encuentran sustento aquellas que indicaban que el Gobierno prefería al peronista Horacio Rosatti como titular de la Corte. En rigor, el Gobierno no tiene hoy un político y un magistrado afín en el máximo Tribunal. “Macri no tiene un (Julio) Oyhanarte como tenía Frondizi en la Corte”, describe uno de los funcionarios que sigue de cerca el vínculo. Acaso por ello, para el conflicto de las tarifas se sumaron interlocutores como Carlos Balbín, el Procurador del Tesoro que atesora la confianza de Carrió y el vínculo con Angelici a la vez: un verdadero oxímoron. Así y todo no impidió que un sector del Gobierno impulsara la salida de Balbín y obligara al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a respaldarlo públicamente.
