Dos jueces federales se disputan la potestad de investigar al poderoso sindicalista Hugo Moyano y los supuestos manejos irregulares en la obra social del gremio más fuerte del país. Oschoca, la entidad que administra la salud de los camioneros, está sospechada de cometer supuestas irregularidades en la confección de expedientes que la obra social de Camioneros presentó a la Administración de Programas Especiales (APE) para cobrar reintegros del Estado en una causa que instruye el magistrado Claudio Bonadío pero que ahora le reclamaría su par Norberto Oyarbide.
A puertas cerradas, en los despachos de los tribunales de Comodoro Py, el resentimiento hacia el juez Oyarbide crece entre sus colegas. Desde octubre pasado, algunos jueces federales ya le guardaban rencor por sentirse “rezagados” de las causas políticas –como reveló entonces PERFIL–, como la de enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner, u otra causa por el mismo delito contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otras tantas que acumula “el juez del momento”.
“Se mete en los expedientes de los demás”, arremete ofuscado un magistrado, haciendo referencia, dice, “no sólo” a la reciente puja entre el juez que investiga la mafia de los medicamentos y Bonadío (ver página 9). El viernes, el juez federal en lo penal tributario Javier López Biscayart –a quien el oficialismo profesa una estima nula– debió pelearle la competencia a Oyarbide para poder seguir investigando el Caso Skanska, por el supuesto pago de coimas en el gasoducto Norte, otra causa sensible para el Gobierno.
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