A casi tres semanas de su arribo a la conducción de la secretaría de Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, Julio Cordero todavía no homologó ninguna paritaria que trascienda la inflación de los últimos meses, lo que genera irritación en los sindicatos. El ex abogado de Techint se cuida de mostrar posición mientras crece la presión del ala técnica del oficialismo para que los acuerdos salariales no coloquen presión a la suba de precios.
Cordero, un ex abogado del Grupo Techint, reemplazó a Omar Yasín, a quien Javier Milei responsabilizó por los incrementos de haberes de miembros del Poder Ejecutivo, el 13 de marzo. Y desde su llegada no homologó pactos salariales relevantes, como el que suscribió Camioneros. El sindicato de la familia Moyano firmó con las cámaras empresariales un aumento del 45% en dos tramos con vigencia a partir del 1 de marzo, con adicionales del 2% para ramas particulares, como Logística, Correos y Expresos.
Ese entendimiento todavía no recibió el aval de Trabajo. Ante la consulta de PERFIL, desde el entorno del funcionario no ofrecen respuesta y tampoco mencionan qué piensa Cordero sobre los acuerdos de remuneraciones. Una diferencia con su antecesor, Yasin: el ahora ex funcionario desde su llegada al cargo habló de “la libertad” de los entendimientos y que estaba sujetos a la discusión entre las partes, sin intromisión del Estado.
Las demoras en las homologaciones es por pedido de Nicolás Posse y Luis Caputo
Fuentes libertarias, ante semejante panorama, dicen que las demoras en las firmas de los acuerdos responden exclusivamente a un pedido de las cabezas del ala técnica de La Libertad Avanza. Precisamente, responsabilizan a Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, y a Luis “Toto” Caputo, el titular de Hacienda. “No quieren que las paritarias superen la inflación porque los precios se pueden recalentar”, dicen en la Libertad Avanza sobre la postura de los funcionarios, los abanderados del déficit cero y quienes monitorean números del ajuste fiscal minuto a minuto.
Lógicamente, el tema impacta en los sindicatos que buscan recuperar el poder adquisitivo de sus bases. Destacan que hay una cuestión legal que los ampara, que está contemplada en la ley 23.546, cuyo artículo 6 establece que la homologación de la paritaria la realiza el área de Trabajo y que si pasa los 30 días sin novedades “se la considerará tácitamente homologada”. Pero ven los “esfuerzos” del Gobierno para aplastar las remuneraciones.
La poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (la CATT), un colectivo sindical en donde pisa fuerte el moyanismo y que conduce el líder de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, ya alertó que las paritarias “deben ser libres”. De hecho, le exigió al Gobierno que se respete ese principio y que “no se eluda o postergue la homologación de los acuerdos que se refrenden”. También, criticó el proyecto de Ganancias que propone el oficialismo y dio un paso más en la última semana: se declaró en estado de alerta, con mandato durante el mes de abril a realizar asambleas con cese de funciones en los turnos de la actividad a determinar. Asimismo, confirmaron que acompañarán todos los pasos de la CGT, que debate qué hacer ante este escenario. “Hay un apoyo y acompañamiento a la activa agenda que la CGT que viene desarrollando en defensa del interés nacional, de las leyes laborales, de la producción, del desarrollo y de los intereses de las y los trabajadores”, indicaron y le solicitaron “mantener reuniones periódicas dado el contexto actual”.
La decisión de la CATT podría complicar el transporte y abre un nuevo foco de conflicto con la administración libertaria, que no tiene interés en entablar puntos de encuentro con las distintas tribus sindicales.
