La reivindicación argentina por la soberanía de las Islas Malvinas se coló en la agenda de la visita de los funcionarios de Donald Trump a Buenos Aires. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, se refirió a los “intereses” de las empresas estadounidenses que podrían verse afectadas por la modificación de la ley de Soberanía Nacional, conocida como “ley Malvinas”, una iniciativa que generó diferencias entre los gobiernos aliados en la última semana.
El punto de conflicto giró en torno al endurecimiento de las sanciones a quienes participen en proyectos de explotación de los recursos del archipiélago con licencias avaladas por Londres, en un contexto marcado por la inminencia del inicio del proyecto petrolero León Marino (Sea Lion), por el que la Argentina presentó una demanda ante el Tribunal del Mar. La discusión puso bajo la lupa los intereses de las compañías que operan en las islas y las herramientas legales que busca incorporar la Argentina para sancionar esas actividades.
"Estamos viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural, cualquier país se preocuparía por eso", afirmó Landau ante la consulta de los medios acreditados, entre ellos PERFIL. "Quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina", agregó.
El tema formó parte de la agenda que tensó la relación bilateral en la previa a la llegada de la delegación estadounidense al país que también incluyó a Juan Pablo Segura, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El funcionario, hijo de inmigrantes argentinos, ejerce otro rol clave en el organigrama del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, como responsable de las relaciones con la región.
En su disertación, el funcionario se refirió acerca de otro de los puntos de fricción de los últimos días que habilitó un silencio inusual por parte de Cancillería: la iniciativa de Washington de disolver el Comité de Descolonización (conocido como C-24), donde se trata anualmente la Cuestión Malvinas.
Landau buscó despejar una posible interpretación de la propuesta de Washington, que coincidió con el avance de la presentación argentina en el tribunal de Hamburgo contra Reino Unido. Explicó que no tiene que ver con ningún caso en particular sino con la agenda de gobierno de Trump de reformar organismos multilaterales.
"Espero que la Argentina no se confunda", dijo Landau, al sostener que el plan forma parte de una agenda más amplia para agilizar el funcionamiento de la ONU. "Ese comité a través de los años ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas con Estados Unidos, como en relación a Puerto Rico y otros temas. Espero que se entienda esa política como una politica de parte de la reforma de la ONU", respondió.
Quirno, por su parte, defendió la modificación de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y sostuvo que la legislación vigente no le da a la Argentina las herramientas necesarias para defender sus intereses en las islas. "La ley actual no permite el desistimiento de una inversión realizada con licencias ilegítimas en nuestras Islas Malvinas. Esta ley sí lo hace", afirmó el canciller, quien argumentó que la iniciativa "no apunta contra ninguna empresa en particular", sino que busca que las compañías puedan elegir entre invertir en el país o continuar con operaciones que el Gobierno considera ilegítimas por contar con licencias británicas.
El argumento oficial se apoya en la oferta sobre el potencial energético argentino, eje de la política exterior libertaria, y en la posibilidad de ofrecer alternativas de inversión a las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago. "Hoy Argentina tiene una posición estratégica en el mundo a nivel de energía", sostuvo Quirno, al explicar que el objetivo es que las compañías puedan optar por oportunidades que, según el Gobierno, tienen un potencial mayor que las operaciones que desarrollan en las islas bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
En relación a la propuesta de Washington de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, un tema que saltó a la agenda mediática el lunes pasado y que Cancillería prefirió mantener la reserva, Quirno buscó separar esa discusión de la reivindicación argentina por Malvinas, que definió como "innegociable". El canciller reconoció que el C-24 es un foro de interés para el país, dado que allí se presenta anualmente la reivindicación de soberanía, pero también aseguró que "su eventual desaparición" no modificaría la estrategia diplomática argentina.
"En la eventualidad de que cese de existir, eso no tendrá ningún tipo de mella en nuestros reclamos a nivel mundial", afirmó Quirno. Según explicó, la posición argentina se apoya en las resoluciones de Naciones Unidas y en la búsqueda de una negociación bilateral con el Reino Unido para resolver la disputa de soberanía.
Más allá de las diferencias en torno a Malvinas, la conferencia dejó expuesta la amplitud de la agenda que el Gobierno busca profundizar con Washington. Quirno destacó el alineamiento con la administración Trump y mencionó la cooperación en seguridad, el combate al crimen organizado transnacional y el apoyo a Bolivia, además de iniciativas vinculadas con inversiones e infraestructura. Entre ellas, enumeró el Corredor Andes-Atlántico Central, el trabajo con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y un memorándum sobre minerales críticos y economía digital.
En esa agenda también apareció el Atlántico Sur, en relación con la necesidad de preservar la paz y garantizar rutas de abastecimiento seguras. La referencia se suma a una agenda bilateral en la que confluyen los intereses energéticos, la competencia por recursos estratégicos y la cooperación en seguridad, en una región donde la disputa de soberanía por Malvinas continúa siendo un punto central de la política exterior argentina.
