El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes que participaron de los incidentes de este jueves frente al Congreso, al final de la 5° Marcha Federal Universitaria. El escrito pide investigar resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional. Esta última figura está reservada para hechos que ponen en riesgo el funcionamiento de las instituciones. Pero en el expediente donde aparecen imputados algunos de los detenidos de ayer la calificación es mucho menor: están a disposición de la Justicia solo por resistencia o desobediencia a la autoridad.
El oficialismo celebró el blindaje al DNU 70/23 luego de vaciarle la sesión a la oposición
La denuncia del Gobierno sostiene que algunos de los involucrados tenían el rostro cubierto, que rompieron bienes públicos para usarlos como proyectiles y que agredieron con objetos contundentes a efectivos federales. El argumento central del escrito es que los disturbios ocurrieron “mientras el Congreso sesionaba” y que su objetivo habría sido “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” prevista para esa jornada. La cartera que conduce Alejandra Monteoliva informó ocho efectivos heridos: cuatro de Gendarmería, dos de Prefectura y dos de la Policía Federal. El Gobierno porteño estimó en forma preliminar daños por 90 millones de pesos en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.
La cronología de la jornada no coincide con esa descripción. La sesión especial que había pedido la oposición en Diputados, con un temario que incluía el rechazo al DNU 70/23, un proyecto sobre morosidad familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, se cayó por falta de quórum a las 14.44. Los primeros enfrentamientos en la zona de las vallas empezaron cerca de las 16, y la mayoría de los disturbios se produjo después del acto de cierre. Cuando ocurrieron los hechos que, según la denuncia, buscaban impedir la actividad legislativa, en el recinto no había ninguna sesión en curso.
Hay otra paradoja. Quien explicó por qué esa sesión no se hizo fue el propio Gobierno. En diálogo con radio Mitre, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo esta mañana que era necesario no dar quórum para mantener vigente el DNU 70/23, al que definió como “una de las columnas vertebrales de este gobierno, junto con la Ley Bases”. En la misma entrevista calificó a los autores de los incidentes como “delincuentes, violentos y energúmenos” y vinculó la protesta con el “sector opositor”: “Necesitan desestabilizar y romper la calle porque quieren volver a un lugar donde los argentinos no quieren volver”.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, fue más lejos. “Estos son grupos de tareas, está claro que hay organización, es recurrente, está a la vista. Son organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía”, dijo, y agregó que “se los tiene identificados, son los mismos grupos”. La expresión “grupos de tareas” remite en la Argentina a las patotas de la última dictadura. Consultado sobre las versiones de que había infiltrados entre quienes generaron los incidentes, el funcionario no respondió directamente. Y por lo que se vio en la manifestación, en las columnas universitarias no hubo hechos de violencia.
La situación de los detenidos marca otra diferencia con el discurso oficial. Las cifras difundidas van de 25 a 31 detenidos, entre ellos dos menores, uno de ellos un adolescente de 14 años acusado de tirar piedras contra un móvil policial en el cruce de las calles Montevideo y Bartolomé Mitre. “Son cuatro, tres varones y una mujer, acusados por resistencia”, dijo a PERFIL María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), sobre quienes siguen detenidos. Según contó, esta mañana de viernes empezaron las audiencias imputativas y después se tramitarán las excarcelaciones. Las defensas están a cargo de la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Verdú agregó que los tres menores detenidos fueron liberados el jueves y que el chico de 14 años, de Avellaneda, quedó imputado por resistencia.
La figura que se les atribuye es el artículo 239 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”. Es un delito excarcelable y uno de los de menor escala penal del código. “O sea, protestar porque los fueron a detener”, resumió Verdú. Por ahora no hay imputaciones por atentado contra el orden constitucional ni por daño agravado. Para llegar a eso, la fiscalía y el juzgado tendrían que aceptar el encuadre que propone el Ministerio de Seguridad, que todavía está reuniendo fotos y videos para identificar a los responsables.
La estrategia y narrativa del Gobierno no es nueva. En febrero, después de los incidentes en la marcha contra la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad presentó en la Justicia federal una denuncia que encuadraba los hechos como delitos agravados por finalidad terrorista. El escrito, firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación de la cartera, acusaba a los manifestantes de haber intentado “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina” para “inhibir el funcionamiento del Congreso”.
Invocaba los artículos 91, 184, 226, 237 y 239 del Código Penal junto con el 41 quinquies, el agravante antiterrorista. El propio texto admitía que el ministerio estaba “en pleno proceso de análisis” de la prueba. Después, la cartera difundió nombres, fotos y DNI de una veintena de personas “individualizadas”.
Marcha Federal Universitaria: las imágenes de los incidentes y la represión frente al Congreso
Ocho meses después, la causa se redujo a cuatro imputados. Según informó recientemente Tiempo Argentino, el juez federal Ariel Lijo elevó a juicio el expediente contra Milton Tolomeo y Eneas Gallo, detenidos en Marcos Paz, por tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública. Óscar Rubén Aguirre y Néstor Barrera fueron excarcelados, pero siguen procesados. Ninguno de los cuatro figuraba en la lista de una veintena de nombres que el Ministerio de Seguridad había difundido después de los incidentes. El juzgado había descartado en un primer momento el agravante terrorista, pero el fiscal Carlos Stornelli pidió aplicarlo a los dos detenidos.
Otro antecedente es el del 12 de junio de 2024, durante el debate de la Ley Bases en el Senado. Hubo 33 detenidos y Stornelli los acusó de delitos contra el orden constitucional. En pocas semanas, la jueza María Servini dictó la falta de mérito para 28 de ellos por lo que describió como “orfandad probatoria”: no se habían secuestrado elementos vinculados a los hechos ni había videos o testigos que conectaran a los detenidos con la violencia. En marzo de 2025, después de la represión a la marcha de jubilados, el Ministerio de Seguridad denunció por sedición y asociación ilícita a supuestos instigadores. La jueza Karina Andrade ordenó liberar a casi todos los detenidos, y la cartera la criticó públicamente.
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