El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del empresario Lázaro Báez, de su hijo mayor, Martín, y de otras seis personas por una supuesta maniobra internacional de lavado de dinero.
Marijuan pidió al juez Sebastián Casanello que también cite a declarar como imputados a Fabián Rossi; al abogado Daniel Pérez Gadín, que habría sido el cerebro financiero de la maniobra; al abogado de cabecera de Báez, Claudio Bustos, y a Marcelo Ramos y Jorge Chueco, miembros de la firma suiza Helvetic Service Group. Solicitó volver a indagar al financista Federico Elaskar y a Leonardo Fariña. Báez ya fue indagado en esta misma causa por un hecho menor de lavado: la compra de un campo en Mendoza.
Marijuan pidió a Casanello que realice 96 medidas de prueba para profundizar la acusación contra Báez y su entorno. El juez dará lugar a cada una de ellas, confirmaron fuentes judiciales a PERFIL. Ayer, Casanello se reunió con el fiscal en su despacho para evaluar la posibilidad de viajar a Uruguay, Suiza y Panamá, tres países centrales en la investigación y en los que –a excepción de Uruguay– el acceso a la información necesaria para completar esta historia vía exhorto ha sido infructuoso.
Las medidas son en torno a la compra de dos campos –en Mendoza y Uruguay–, el depósito de US$ 22 millones en Suiza, y la repatriación de US$ 33 millones mediante la venta de bonos, que para la Justicia englobarían una maniobra de lavado.
Entre las decenas de pruebas que el fiscal detalló, existe el hallazgo de un mail secuestrado durante los allanamientos a Madero Center, sede de SGI y de la empresa OACI, de Pérez Gadín. Funcionan en el 7º piso A y B de ese edificio de Puerto Madero. El correo electrónico, que PERFIL reproduce en esta nota, revela que Martín Báez y Claudio Bustos, abogado de cabecera de Austral Construcciones, tenían acceso directo al edificio y a la cochera como autorizados por La Rosadita o SGI. La teoría de Báez de que no tiene ninguna relación con la financiera investigada por lavado queda todavía más debilitada.
En el mail, el intendente del edificio, Jorge A. Pérez, confirma al personal de seguridad quiénes son los autorizados a ingresar a SGI y a OACI a partir del 27 de marzo de 2013, luego de que Elaskar fuera desplazado de la financiera. Martín Báez y Bustos encabezan la lista de los autorizados en SGI. Otras personas clave del entorno de Lázaro, como Leandro Báez, otro de sus hijos, y el ingeniero Julio Mendoza, uno de los hombres fuertes de su entramado empresarial, tienen pase directo para las oficinas contiguas, de OACI.
Este mail demuestra que Martín, titular de Austral Construcciones, era parte de La Rosadita al menos desde el desplazamiento de Elaskar de su propia empresa. Así lo había relatado el financista en la entrevista con Periodismo Para Todos, aunque después se desdijo ante los medios y ante la Justicia. Marijuan enumeró decenas de pruebas y describió una línea de investigación que coincide con la que dicta el juzgado. Pidió investigar los plazos fijos que Báez abrió el 16 de diciembre de 2010 en la sucursal Comodoro Rivadavia del Banco Nación, por US$ 9,5 millones, que llevó en efectivo a la entidad. De ese dinero, US$ 2 millones los cambió a pesos y los depositó en la cuenta de una de sus empresas y los otros US$ 7,5 los utilizó para constituir cuatro plazos fijos para otra empresa, que no tiene contabilizados en su patrimonio.
Además, denunció a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por entender que ambos organismos habrían demorado varios años en presentar en la causa Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Báez.
Marijuan también propuso investigar una llamativa contratación de Austral Construcciones con la financiera Invernes, que movió $ 466 millones de la obra pública.
Báez ya fue indagado en marzo en esta causa y negó vinculación con la compra de un campo de 3.600 hectáreas en Mendoza o cualquier otro hecho de lavado. Esta nueva presentación de Marijuan amplía los hechos por los cuales Báez deberá ser indagado otra vez por el juez. En la causa hay varios procesados por lavado, pero todavía no está decidida la suerte del empresario kirchnerista. La causa se inició en 2013 por un informe de Periodismo para Todos en el que Fariña y Elaskar dijeron que habían sacado del país 55 millones de euros que habrían sido entregados por Báez para blanquear los fondos en empresas fantasma creadas en el extranjero.
