¿Cuál es el truco más antiguo para esconder propiedades? La respuesta es fácil: registrarlas a nombre del cónyuge o de los hijos. Pero a partir de este año los funcionarios tendrán vía libre para usar esa trampa. La presidenta Cristina Kirchner reglamentó la nueva ley de declaraciones juradas y convirtió en “reservados” los bienes de los familiares, lo que significa que ya no podrán ser consultados por cualquier ciudadano.
En pleno año electoral, Cristina Fernández firmó el Decreto 895, que habilita a mirar los patrimonios en internet pero restringe los datos que estarán disponibles. Y establece que se adoptará un formato igual al utilizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), más incompleto que el usado hasta el momento.
La noticia confirma las sospechas de ONGs y dirigentes opositores, que desde hacía tres meses venían alertando sobre esta posibilidad. El Anexo Reservado estaba destinado a información sensible, como números de cuentas bancarias o gastos de tarjeta de crédito. Pero la medida del Gobierno traspasó allí las propiedades de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad.
Por insólito que parezca, la nueva norma también colocó en ese rubro los “antecedentes laborales”, que permiten saber si el funcionario incurre en una incompatibilidad o un conflicto de intereses. De ahora en adelante, toda esa información se podrá ver solamente con el pedido de un juez.
Al mismo tiempo, la decisión de la Presidenta estableció que las declaraciones serán iguales a las presentadas ante AFIP. Aquellas son más insuficientes que las entregadas a la Oficina Anticorrupción, porque informan montos totales y no brindan detalles de bienes. ¿Quedarán así? El organismo recaudador dispuso que el ministro de Justicia, Julio Alak, debe autorizarlo.
“Este decreto es un claro retroceso y una interpretación errónea de la ley”, asegura María Victoria Gama, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Estamos aguardando que el Ministerio de Justicia confeccione las nuevas declaraciones juradas. Esperamos que cumplan con los mismos estándares de la Ley de Etica Pública, que tuvieron en los últimos 14 años”.
