Como en las históricas protestas de 2008, los márgenes de la Ruta 9 volvieron a ser ayer epicentro de una movilización del campo en contra de las políticas del gobierno nacional, esta vez vinculadas a las restricciones a la exportación de carne.
Cientos de banderas argentinas se mezclaron allí con pancartas de protesta en autos y tractores que fueron llegando desde media mañana al lugar.
El escenario elegido fue el kilómetro 228 de la ruta que atraviesa buena parte del área productiva agropecuaria, a la altura de la ciudad de San Nicolás. Allí, pero en 1852, se firmó el primer acuerdo entre las provincias para tener una Constitución nacional que llegaría un año más tarde.
La propuesta surgió por parte de productores autoconvocados, que rápidamente sumó el respaldo de las entidades de la Mesa de Enlace y otras organización del comercio y la industria nacional, que ya fueron participando de otras movilizaciones en fechas patrias en contra de distintas iniciativas del Gobierno.
La consigna original buscaba dejar fuera de protagonismo a la dirigencia política, pero la proximidad de las primarias tentó a dirigentes opositores que se hicieron presentes tanto en San Nicolás como en otros puntos de protesta como el Obelisco o la Quinta de Olivos. La jefa del PRO, Patricia Bullrich, pareció no hacer caso a la intención inicial y se mostró sonriente y a caballo, con sombrero y poncho al hombro (ver aparte).
“Estoy en San Nicolás, acompañando a los argentinos que reivindican los valores de libertad que hicieron grande a nuestro país”, señaló a través de redes sociales la referente que se mostró acompañada por diputados de Juntos por el Cambio como Jorge Enríquez y Héctor “Toty” Flores. En el Obelisco también estuvieron los ultracríticos Waldo Wolff y Fernando Iglesias y otras figuras del PRO como Laura Alonso.
La Proclama de San Nicolás fue el texto que se distribuyó entre los convocados a la ruta y allí destacan que “la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales”.
También marcaron la importancia del derecho a la propiedad privada y advirtieron que “nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho”. Sobre el eje de la discordia, insistieron en que “el Gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible”.
El texto fue respaldado por los discursos de los referentes de las entidades agropecuarias que enviaron un fuerte mensaje al Poder Ejecutivo. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), le dijo que “esta Mesa de Enlace no va a permitir que el Gobierno nos pase por encima”.
En igual sentido se pronunció Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien le habló directamente a Alberto Fernández: “Va a ser difícil seguir en una relación con un sector tan potente como el nuestro si no nos llama a dialogar. Con el diálogo es la única manera de que el país pueda salir adelante. Ayúdenos a construir, no destruya”.
El vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, coincidió en que “el cierre de las exportaciones de carne es inexplicable. Perdimos todos, los consignatarios, transportistas, productores porque vale mucho menos la producción y los frigoríficos con sus trabajadores”. Según comentaron, el próximo paso será ponerse en sintonía con los autoconvocados que tienen reclamos propios, más allá del pedido de la Mesa de Enlace. “En dos minutos nos vamos a poner de acuerdo”, dijeron los representantes del agro.
Proclama oficialista del 9J
Como contrapartida a la movilización impulsada por el campo, un nutrido y variado grupo de referentes cercanos al oficialismo lanzaron la Proclama del 9 de Julio, en la que defienden el rol central del Estado, la reactivación del mercado interno, la distribución del ingreso y la riqueza y la justicia social.
El texto mezcla las firmas del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el ex vicepresidente Amado Boudou, el juez Alejo Ramos Padilla, el titular de CTA y diputado, Hugo Yasky, y otros legisladores como Fernanda Vallejos, Beatriz Mirkin y Juan Carlos Alderete.
“El Estado debe cumplir un rol central, interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades para los sectores claves de la economía, produciendo bienes y servicios que favorezcan la integración social y territorial de la Argentina”, dice en uno de sus puntos centrales el documento.
También apunta a que “el trabajo y la producción deben organizarse, conforme a las exigencias del desarrollo económico y social de la Nación”, y menciona la posibilidad de “reducir la jornada laboral” que rige hoy.
