La modificación a la Ley provincial 7722 generó un fuerte debate en todo Mendoza. Al punto de que el gobernador Rodolfo Suárez decidió suspender la norma a la que él mismo había buscado darle impulso. Y más allá de las protestas callejeras, la propia política provincial tiene voces disonantes al respecto.
Tal es el caso del senador provincial Marcelo Romano, de Protectora Fuerza Política, que en una entrevista con Radio Continental señaló esta tarde: "el viernes pasado, en una tramposa sesión especial del Senado a la mañana, y con quórum sospechoso, se pusieron de acuerdo peronistas y radicales, y firmaron lo que se va a recordar por siempre como el pacto del cianuro".
El legislador justificó su posición al decir: "En Mendoza tenemos una administración hídrica muy particular, porque somos un desierto convertido en oasis. Para que tengan una idea, solo un 4% de nuestro mapa es lo que tenemos irrigado, el 96% es un desierto. Para nosotros el agua es fundamental".
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En cuanto a su posición como activista ambiental, destacó: "Formamos parte de un movimiento de autoconvocados que tuvo mucho éxito en luchas por bienes comunes como el agua y que desde el 2005, con mucho sustento legal y científico, digamos que si a nosotros nos hacían lo mismo que les hicieron a los hermanos de Jáchal en San Juan nos hacían desaparecer".
"En 2007 sancionamos la 7722 que no prohibía la minería, ni las inversiones, ni el trabajo, ni el progreso. Lo único que la ley prohibía era el uso de sustancias químicas en la megaminería a cielo abierto. Esa ley se transformó en un cinturón de seguridad para el agua del desierto en que nacimos", consideró el senador.
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Romano también recordó: "En 2015 la Suprema Corte de Mendoza declaró la constitucionalidad de esta ley. Porque, apenas salió, fueron 11 los pedidos de inconstitucionalidad de las megamineras. Porque necesitaban que les dejáramos usar lo que en ningún país del primer mundo dejan usar: cianuro, ácido sulfúrico, arsénico. Todo lo que la Barrick Gold le echó a los ríos de Jáchal".
JPA CP
