En medio de la polémica desatada por el anuncio de fuertes aumentos en el impuesto de Alumbrado, Barrio y Limpieza (ABL) a partir de septiembre, se abre un nuevo eje de polémica: la irregular administración de los inmuebles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el listado de propiedades que posee la Ciudad, al que Perfil accedió en exclusiva, se estima que el gobierno porteño es dueño de unas 6.300 propiedades. De ese total, cerca de 1.200 son casas y departamentos. Muchos están ocupados o regenteados ilegalmente y fueron adjudicados por favores políticos.
“Cerca del 90% de los ocupantes fueron asignados por favores políticos de diputados, punteros, funcionarios y gremialistas”, aseguró una alta fuente de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad, que pidió permanecer en el anononimato por temor a las reiteradas amenzas que ha recibido.
El titular de ese organismo, Carlos Trabulsi, que también fue víctima de amenazas de muerte, inició sus funciones hace siete meses y contó que en algunas propiedades “vivían empleados municipales” y que incluso “hay locales con actividades ilegales como puestos de verdulerías, gomerías o restaurantes”.
Según explicaron desde la Dirección de Bienes, estas propiedades deberían usarse para dar techo a las familias que no tienen recursos, en una ciudad que tiene serios problemas habitacionales. Por eso, se abrió un expediente por cada propiedad para evaluar en cada caso si realmente es prudente desalojar a quienes no tienen un lugar donde vivir.
En algunos edificios, como el de Condarco al 1.600, operan “administradores ilegales” que cobran alquileres a familias enteras en inmuebles que ni siquiera son de ellos. “Ahí hay delincuentes que regentean las propiedades del Estado desde hace varios años”, reconoce Trabulsi.
