Cinco proyectos legislativos llegarán la próxima semana al Congreso. En medio del debate estratégico por las tarifas, se abre otro frente de reclamos que pone en juego el delicado equilibrio fiscal. El paquete de propuestas llegará, según anticipan sus promotores, con un masivo acto frente al Congreso el próximo viernes. Coronará un mes cargado de movilizaciones y marcará el final de la Marcha Federal por Pan y Trabajo que promueven los Cayetanos, la alianza de agrupaciones que integran la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Frente Popular Darío Santillán y la FOL, entre otros. Esta semana, una audiencia en el Congreso mostró un fuerte apoyo opositor.
Además de los diputados alineados con los movimientos sociales, como los representantes de Libres del Sur y el Movimiento Evita, mostraron su apoyo el Frente para la Victoria y el Frente Renovador y referentes de otros bloques más pequeños también manifestaron su respaldo a algunos de ellos.
Los proyectos. Dos de los proyectos proponen la creación de fondos fiduciarios. No tendrían un impacto presupuestario directo, porque solo demandan que el Estado asigne una serie de bienes para atender las necesidades financieras para la urbanización de barrios precarios y el desarrollo de los pequeños agricultores. Los otros tres proyectos implican un gasto total de más de 65 mil millones pesos (más de 2.600 millones de dólares), un tema delicado cuando el Gobierno negocia metas de ajuste fiscal para lograr una línea de crédito con el FMI.
El tercer proyecto prevé la declaración de una emergencia alimentaria y dispone la asignación de $ 10 mil millones a proyectos de asistencia nutricional. El cuarto proyecto declara la emergencia en adicciones. Esta iniciativa define la asignación de un presupuesto equivalente al 10% de las erogaciones previstas para el Ministerio de Salud y un porcentaje equivalente de la pauta oficial para campañas de prevención. En total, el requerimiento presupuestario se elevaría a $ 5.890 millones, si se toma como referencia el gasto presupuestado este año para los dos rubros.
Contexto. Este paquete legislativo busca poner en primer plano los requerimientos de sectores amparados por la red de contención social que el Gobierno decidió mantener. También apunta a ejes que son considerados como deficientes por parte de varios interlocutores sociales del Ejecutivo, como las organizaciones sociales o los obispos más activos en estos temas. Todos estos actores mantienen canales abiertos con funcionarios clave, pero parece difícil que el actual contexto político y económico permita alcanzar un consenso como el que, hace poco menos de dos años, permitió avanzar en la declaración de la emergencia social, con unvoto unánime en las dos cámaras.
