El empresario de medios Daniel Hadad, el sindicato de Camioneros, a través de los Moyano, y la Legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires pelean por quedarse con el club Comunicaciones. Los tres tienen una oferta para terminar con la deuda de la institución (ver relacionada: "Qué ofrece cada uno para Comunicaciones"), aunque la última palabra no es de ellos, sino del juez que entiende en la causa: Fernando D´Alessandro.
El martes el gremio de Camioneros se lanzó al ataque y publicó una solicitada en la cual acusó a los legisladores de tener “como socio a un empresario de medios de comunicación”, en clara referencia a Hadad y hablan de un “Estadio-Gate”. Además dijeron que la deuda que deberá pagar el Estado por el club no es de 10 millones de pesos, sino de 40.
Según pudo saber Perfil.com, la semana pasada el juez recibió a legisladores miembros de la comisión de seguimiento creada para analizar la oferta estatal. Este portal habló con los miembros de distintos bloques políticos que desmintieron los dichos por Moyano y hablaron de la reunión con D´Alessandro. J orge Gayalde (PRO) explicó que “es impensable ser socio de Hadad. En caso de que el Estado se quede con el predio, se llamará a licitación pública en la cual podrán competir todos”. En ese sentido consideró “agresiva” la actitud de Moyano.
Delia Bisutti (Proyecto Sur) fue más allá y apuntó contra el magistrado: “Tenía dos ofertas de 11 millones de pesos. Pero nos dijo que en caso de que oferte el Estado la deuda será de 25 millones. No hubo una explicación coherente”. Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) consideró la oferta pública como “superadora” de los ofrecimientos privados. Por su parte, el abogado de Hadad en el caso, Jorge Grispo, negó a este portal las acusaciones de Camioneros, al tiempo que explicó que lo único que hicieron fue “presentar una oferta. Es ilógico decir que hay convivencia con legisladores”. Sobre el futuro del problema, consideró que lo lógico será que se haga un llamado de la Justicia para mejorar las ofertas.
Papeles. A pesar de las quejas de los legisladores, una fuente judicial con acceso al expediente dijo a Perfil.com que la diferencia en los números de la deuda a pagar es porque ninguna oferta es similar. Confirmó lo dicho por Bisutti pero explicó que el club debe 11.500.000 sin considerar los intereses de diez años. En caso de adquirir todo el predio esos intereses no se toman en cuenta. En caso contrario sí, según lo establecido por la ley de quiebras.
Qué sigue. Según pudo saber este portal lo más factible es que se vote la próxima semana en la Legislatura la ley para fijar la oferta ante la Justicia. En cuanto al accionar del juez, éste aún no aceptó ninguna de las ofertas privadas ni dictaminó cuál es la mejor de ellas. Por lo tanto aún pueden llegar nuevas ofertas. Ni bien la Legislatura ofrezca su postura, se espera que D´Alessandro tome una determinación lo antes posible.
(*) De la redacción de Perfil.com.
