Miguel Piedecasas asumió a fin de año como presidente del Consejo de la Magistratura y tendrá el desafío de revertir la virtual parálisis que tuvo ese órgano en los últimos años. En ese sentido, pone el énfasis en la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura. Además, hace un planteo por más fondos, sobre todo para obras de insfraestructura.
Por otra parte, Piedecasas se refirió a la designación del diputado del PRO Pablo Tonelli como consejero, algo que fue impugnado judicialmente por el kirchnerismo. “El Consejo va a debatir una posición. Pero no podemos discutir una designación de la Cámara. Y la toma de juramento es una decisión de la Corte. Hay que respetar la independencia de los poderes. Si el conflicto siguiere será la Corte la que tenga la última palabra. Pero también hay una responsabilidad política de lograr acuerdos”, expresó.
—A nivel nacional se están volviendo para atrás muchas decisiones, ¿eso se puede dar en el Consejo también?
—Acá hay cuatro planteos concretos. Una comisión revisora para ver si se actuó con corrección en materia de corrimientos y designaciones. El gremio pidió una serie de auditorías que requerimos a la administración y el Consejo tomará las medidas en consecuencia. Acá venimos de un cambio de administrador (Juan Carlos Cubría en lugar de Claudio Cholakián) y estamos requiriendo informes.
—¿Qué vínculo le ve a este Consejo con el Ejecutivo?
—Acá hay un problema financiero y no se le presta atención. El presupuesto nos deja siempre en una situación de déficit crónico. Hay que solicitar siempre refuerzos y eso es de alto impacto. Y eso hace a la verdadera independencia del Poder Judicial. Yo entiendo las discusiones políticas, sobre la conformación, sobre los concursos para satisfacer las vacantes, que las causas disciplinarias contra los jueces no queden en el olvido o se usen para tener en vilo a un juez. Todo eso es cierto. Pero también tenemos que tener un plan estratégico en materia de infraestructura.
—¿Se debe modificar la ley del Consejo?
—Es una buena oportunidad. Yo lo haría. Primero hay que ver cómo se garantiza el equilibrio entre el estamento político con el de abogados, jueces y académicos. Aunque cada consejero tiene su individualidad. Salvo en el último período, pero al principio no fue así.
—¿Cómo se hace para evitar la parálisis del Consejo?
— La evolución de los concursos muestra que hay un decrecimiento notable de 2010 para acá. De 2000 a 2015 se elevaron 645 ternas, sobre 991 cargos. Se produjo una renovación de la Justicia enorme. El problema es que tenemos un 24% de vacantes y lo normal sería estar entre un 5 y un 10%. Si manteníamos el ritmo, hoy estaríamos en muy pocas vacantes.
—¿Después de esta década, quedaron grietas en el Poder Judicial?
—El Poder Judicial tiene sus diferentes versiones. Acá hubo debates importantes y por eso no se llegó al consenso. Pero todos reclamamos transparencia y celeridad.
—¿Cómo ve el vínculo del Consejo con la Corte Suprema?
—Esperemos que sea una relación madura y de normalidad, como debe ser. No creo que deba plantearse un escenario de conflicto y confrontación porque tenemos ámbitos de actuación diferentes.
—Implicaría un cambio con lo que se viene dando.
—No sé, a mi me gusta hablar de mi propia vivencia. Sí creo que hace falta un funcionamiento coordinado. Habrá sanciones o decisiones que puedan ser revisadas, pero es el juego de las instituciones. Pero no hay que generar conflictos donde no los hay.
—Mucho se dijo que su designación podía ser fruto de un acuerdo entre Macri y Lorenzetti.
—Es un cargo importante pero que dura sólo un año. No es un presidente con una plusvalía sobre los demás consejeros. El rol es importante en la institucionalidad.
