Hay más "Chocolates": en Entre Ríos una fiscal descubrió un caso idéntico y fue destituida
Fue investigado por Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción destituida que llevó el juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Intervino en un caso prácticamente idéntico, que tuvo como punto de partida el retiro de fondos de un cajero automático.
El caso de Julio "Chocolate" Rigauy las 48 tarjetas de débito de empleados legislativos dejó al descubierto lo que parece ser la punta de un iceberg de la corrupción. Pero este presunto entramado de extracción de fondos de la Legislatura de Buenos Aires tiene un caso calcado casi a la perfección. Es que Entre Ríos, la Justicia, elevó a juicio una causa que se inició cuando un policía notó que tres personas acudían periódicamente a un cajero a retirar dinero. Es decir, de la misma manera en la que detuvieron al puntero del PJ en La Plata.
En Entre Ríos el caso fue un escándalo y se lo conoció públicamente como la causa Contratos. Trascendió en parte a nivel nacional cuando la fiscal que lo investigaba,Cecilia Goyeneche, fue denunciada y destituida de su cargo tras descubrir junto a su equipo un impresionante entramado de corrupción.
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El día antes de que la Cámara de Apelaciones de La Plata decidiera hacer lugar a un hábeas corpus y liberara a Rigau además de suspender la investigación por las 48 tarjetas de débito, se cumplió un aniversario del caso gemelo de Entre Ríos.
Es que el 20 de septiembre de 2018, cinco años antes, Flavia Beckman, María Victoria Álvarez y Esteban Scialocomo fueron encontrados mientras retiraban dinero de tarjetas de débito de empleados legislativos en un cajero del Banco Entre Ríos ubicado en la avenida Ramírez y Pasteur de Paraná.
La fiscal destituída tras investigar el "caso Contratos", Cecilia Goyeneche.
Los tres habían sido marcados previamente por un efectivo de seguridad. Es que la asidua concurrencia de ambos estaba lejos de ser la normal de cualquier persona bancarizada, y eso levantó las sospechas.
Aquella mañana, cuando se descubrió la maniobra, la policía siguió a los tres hasta el domicilio que compartían Beckman y Mena, el fiscal de turno ordenó una requisa y dispuso el allanamiento del lugar.
Como ocurrió con Chocolate Rigau, a los tres implicados les encontraron tarjetas de débito a nombre de personas contratadas por la Legislatura y el Senado entrerriano y dinero en efectivo.
Dentro de la casa, además, hallaron documentación clave que permitió desandar la maniobra delictiva. Lo mismo que encontró la Justicia en el domicilio de Rigau: cuadernos y carpetas con detalles de las personas contratadas, el monto de los pagos y la comisión que les giraban, que era ínfima. Fuentes judiciales señalaron a PERFIL que a las personas utilizadas para la maniobra también les pagaban el monotributo (necesario para que funcione el sistema) y les brindaban obra social a cambio de poner su nombre y su firma.
Los tickets con las extracciones de dinero, como ocurrió con el caso Rigau.
"Las relaciones contractuales eran falsas en su motivación y tenían una finalidad ilícita consistente en la sustracción del dinero público", dice un fragmento de la elevación a juicio firmada por los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, ya con Goyeneche excluida. En el documento de más de 500 páginas aparece el detalle de las 32 personas que fueron imputadas, además de las tres mencionadas antes que fueron enganchadas in fraganti en 2018. Todas esperan el juicio.
La gran mayoría de los contratos, siempre según el documento judicial, "eran excluidos de su retribución, la que pasaba íntegramente a manos del grupo recaudador, para luego, en algunos casos, entregarles a los particulares solo una parte ínfima de lo anteriormente cobrado". A su vez, la investigación permitió corroborar que los nombres de los titulares de las tarjetas de débito informados por el Banco de Entre Ríos "coinciden con los que aparecen en los listados secuestrados en el domicilio de Beckman y Mena".
El detalle de los cuadernos hallados en Entre Ríos.
En La Plata, la fiscal Betina Lacki trabajaba en las declaraciones de los titulares de las tarjetas de débito que le secuestraron a Chocolate hasta que el fallo de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo dejó su investigación en standby. Eso mismo hicieron los fiscales en Entre Ríos.
Contratos, pagos y una decisión pendiente
De las declaraciones surgió que los contratistas habían firmado con la Legislatura o el Senado "creyendo que se trataba de subsidios" y por necesidad económica. "En algunos casos firmaban sin leer porque no les permitían hacerlo, (...) desconocían el monto del contrato y les hacían suscribir el endoso sin permitirles observar su monto", afirmaron los fiscales, al tiempo que dieron por probado que debían concurrir para ello a la vivienda de Beckman y Mena.
Fuentes judiciales explicaron a este medio que los investigadores establecieron que la maniobra investigaba había arrancado en el Senado entrerriano en enero de 2008, mientras que se había extendido a la Cámara de Diputados en diciembre del 2011. "Llegaron a ser más de 600 contratos", explicó a PERFIL una fuente con acceso al caso.
En un principio, ambas cámaras pagaban los sueldos vía cheque y después adoptaron las cuentas de ahorro, por lo que el sistema viró hacia las tarjetas de débito.
Con el paso de los años también se actualizaban los montos de esos contratos: de acuerdo a los fiscales al principio los pagos eran de $4.500 pesos y sobre el final de la maniobra ascendían hasta los $50 mil.
Julio Rigau y los tickets que le secuestró la Justicia.
Si bien la investigación tiene un nivel de avance muchísimo mayor a la que tiene como principal implicado a Rigau, otro de los aspectos que tienen en común las dos causas es que están paradas. Después de que el caso Contratos haya sido enviado a juicio en junio del 2021 y se pidiera el jury de Goyeneche, también se originó un conflicto de competencia entre la Justicia provincial y la Federal.
Ese tironeo está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, que le pidió opinión al procurador Eduardo Casal. El 11 de agosto pasado, el funcionario dictaminó a favor de que la causa continúe su trámite en la Justicia provincial al sostener que la Justicia Federal planteó su competencia "sin mayores precisiones acerca de la conexión de los delitos investigados en el fuero local con el financiamiento de campañas y partidos políticos nacionales". Ahora resta que se pronuncien los jueces cortesanos.
