POLITICA
una de las causas contra macri

Nombran ‘interventor’ para el Correo Argentino

El abogado Carlos Angel María Ferrario deberá coadministrar las cuentas de la firma junto a los responsables financieros actuales, en la mira por presunto vaciamiento. Deberán notificarlo sobre cada reunión de directorio.

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Coadministrador. Así designó la Justicia a Ferrario, del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio porteña. | cedoc

La empresa Correo Argentino SA, de la familia Macri, ya tiene un coadministrador designado para supuestamente controlar sus cuentas, de acuerdo con los escritos judiciales a los que accedió PERFIL. La jueza Marta Cirulli nombró el jueves al abogado que ingresará en las finanzas de Correo en las próximas semanas: Carlos Angel María Ferrario.

Ferrario es uno de los tres árbitros permanentes que, en la actualidad, integran el Tribunal de Arbitraje

General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fue juez comercial y se especializó en el asesoramiento jurídico de empresas, de acuerdo con su currículum. Además, integra la lista de abogados auxiliares de la Justicia. De ahí su designación.

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El letrado se presentó ante el juzgado el jueves y aceptó el cargo. Este viernes 13 quedó oficialmente designado. Desde ahora, Correo debe notificarlo de cada reunión de directorio (en las que se toman formalmente las decisiones en la compañía).

Su función será administrar las cuentas de la compañía junto a los administradores actuales y “acorde a la realidad económica imperante en el país”, “la volatilidad de la cotización del dólar” y “la situación jurídica de la empresa”, dijo la jueza, en clara referencia a los gastos dolarizados de una empresa sin actividad económica. Sus administradores están en la mira por supuesto vaciamiento.

Y mientras tanto. El caso judicial que más preocupa al presidente Mauricio Macri llegó a la Corte Suprema el 3 de septiembre, a pedido del Poder Ejecutivo. El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, solicitó que se revea una de las últimas decisiones de la Cámara Comercial en la causa por la deuda millonaria de la compañía con el Estado.

El jefe de los abogados del Estado quiere más tiempo y pidió que la Corte analice si la Justicia debe darle una nueva prórroga de 120 días para contestarle a Correo si acepta o no su última propuesta de hace 14 meses.

Las camaristas le negaron su pedido pero le permitieron al Ejecutivo presentarse ante la Corte para elevar el reclamo. El tiempo sigue corriendo y el acuerdo no llega.

En la Corte ya analizan por qué las juezas de la Sala B de la Cámara autorizaron esta presentación ante el máximo tribunal. “A primera vista –dijeron a PERFIL en el Palacio de Justicia– el pedido del Ejecutivo es extemporáneo (se presentó fuera de término) y no correspondía enviarlo”. Pero se volvió a dilatar el acuerdo: en lugar de confirmar el plazo de 15 días para avanzar en la negociación, trasladaron la disputa a la Corte. Esto podría demorar semanas o meses.

La negociación por el pago de la deuda de Correo ya supera los 30 meses desde que Macri ordenó que el expediente volviera a foja cero para evitar “conflictos de intereses”.

¿Cuál es la explicación del Ejecutivo? Saravia Frías no es el único funcionario que interviene en la negociación con Correo. Luego de que saliera a la luz que su gobierno le había otorgado una quita del 98,87% a la deuda de la empresa de su familia, Macri ordenó implementar un circuito que evitara su intervención en el caso. Eso genera “la necesidad de prórrogas”, de acuerdo con una fuente oficial ante la consulta de PERFIL.

Desde 2017, las propuestas de Correo para cerrar el caso deben ser analizadas por el Ministerio de Modernización, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro. También, por la vicepresidenta Gabriela Michetti.

El ministro Andrés Ibarra (Modernización) y Laura Alonso (titular de la OA) se excusaron de intervenir. Ibarra porque fue ejecutivo de la empresa y la funcionaria porque fue denunciada penalmente por su rol en el caso.

Ibarra recién se excusó en agosto de 2018 y Alonso, en febrero último. En sus lugares, se decidió que intervengan el secretario de Trabajo y la secretaria de Justicia.