La situación procesal de Milagro Sala ya le provocó dolores de cabeza en el frente externo al Gobierno argentino, tras los reclamos de dos organismos internacionales. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, primero, y el titular de la OEA, Luis Almagro, reclamaron la liberación de la dirigente social. PERFIL se comunicó con el vicepresidente del Grupo de la ONU, José Antonio Guevara Bermúdez, que anticipó que si las recomendaciones del organismo no son tomadas en cuenta, seguirán los informes que causaron un revuelo político, nacional e internacional.
“Si el Estado no cumple con las recomendaciones, el Grupo seguirá informando al Consejo de Derechos Humanos”, indicaron los funcionarios de la ONU. Advierten también que una eventual visita al país, como la que propuso el gobierno argentino, no podría motivarse o centrarse en un caso en particular.
“El Grupo de Trabajo recibe muchas solicitudes. Usualmente, la exhaustividad de la información provista y las circunstancias del caso motivan la decisión de proceder”, explicaron desde el organismo consultivo con sede en Ginebra, Suiza.
Consultados sobre los cuestionamientos del oficialismo a su informe, y las sugerencias de posibles influencias políticas, dijeron que no pueden “comentar las críticas”; pero aclararon que realizan todas “sus evaluaciones basados en la información disponible, con independencia de las partes involucradas”. También indicaron que su trabajo es abierto y transparente: “La jurisprudencia es pública y cualquiera puede considerarla”.
Visita. Con un cuidado tono diplomático, aclararon que la visita que realizarían al país en mayo, por invitación del gobierno argentino, no podría tener el alcance que algunos esperan sobre el caso. “La visita a un país no se trata de un solo caso”, aclaran los funcionarios. A su vez, explicaron que “el Grupo no puede imaginar qué llegará a ver durante una visita que pueda influir sobre un caso en el que ha emitido su opinión".
Sobre posibles consecuencias para el país, indicaron que “si el Estado no cumple con las recomendaciones, el Grupo seguirá informando al Consejo de Derechos Humanos (CDH) que su opinión no fue puesta en vigor. Queda luego en manos del Consejo decidir qué acción tomar”. En su informe de octubre, el Grupo había sido terminante, pese a los argumentos del Gobierno, y exigió “liberar de inmediato a la señora Sala, y conceder una reparación adecuada, incluida una compensación”.
El Grupo fue creado por el CDH y está integrado por expertos de distintos países. Tratan sobre casos puntuales y emiten su opinión, como ocurrió en el caso de Sala, ante denuncias de organizaciones de derechos humanos. El mexicano Guevara Bermúdez es el único integrante latinoamericano.
