En una serie de posteos coordinados en Twitter desde sus cuentas oficiales, el presidente Alberto Fernández y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial por su connivencia con los actores políticos y su conducta corporativa.
El presidente Alberto Fernández consideró que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”. Y añadió que “es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”.
El jefe de Estado se montó en las redes sociales a un hilo de tuits publicados por Losardo, referidos a la escasa confianza que los argentinos tienen en el proceder de los funcionarios judiciales. La ministra encabezó su hilo de tuits con una encuestra sobre el nivel de confianza de la sociedad en el Poder Judicial donde el 87,9 por ciento expresaba poco (48,8) o nulo (39,1) crédito.
Las publicaciones de Fernández y Losardo se produce tras la decisión adoptada el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py. El Presidente y su ministra coordinaron la respuesta política en una reunión previa, como suele suceder cuando Losardo tuitea sobre temas sensibles.
La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.
El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores. Ahora, sólo una improbable intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro. El abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner –querellante en esa investigación– formulará un pedido en ese sentido.
En su cuenta de Twitter, Losardo advirtió que “es más que evidente” que los funcionarios que integraron el gobierno de Mauricio Macri “consolidaron una justicia que los protege” y “les evita el deber de rendir cuentas” y aseguró que eso ocurre “con la anuencia de un conjunto de medios” de comunicación que “tapan aquellas inconductas”.
Agregó que “causa una profunda indignación” ver que un fiscal procesado (en referencia a Stornelli), “que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió”.
“Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama. Jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno”, destacó Losardo en su extensa cadena de mensajes y pidió “que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia”.
“Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el Presidente de entonces (Mauricio Macri) , que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, acusó la titular de Justicia y Derechos Humanos. Y remarcó la existencia de “detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas” lo que conduce a que “la República se degrade inexorablemente”.
