El escándalo en torno de los hisopados que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sumó ayer una serie de nuevos allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Fue la segunda tanda de procedimientos ordenados por el juez federal Luis Armella, e incluyó las sedes de las firmas Sanity Care, LabPax y la Fundación San Lázaro.
Los allanamientos se sumaron a los realizados el miércoles en las sedes de Aeropuertos Argentina 2000, en Ezeiza y en el barrio de Palermo, así como en el centro donde se realizaban los hisopados en la estación aérea. Esta semana la Justicia también dispuso la intervención de LabPax, adonde ubicó técnicos de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) como auditores para que supervisen lo que se realiza allí con los pasajeros, al menos, hasta que el próximo 15 la realización de los hisopados pase a manos del laboratorio Stamboulian. Según pudo saber PERFIL de fuentes del caso, en los procedimientos se recabó documentación relevante para poder determinar aspectos fundamentales del caso.
Los procedimientos de ayer fueron ordenados en las sedes de Sanity Care, LabPax y la Fundación San Lázaro. La primera es la empresa que tiene la concesión del sistema de salud en el aeropuerto, la segunda es la que realizaba los testeos y la última, a través de la que se habría firmado el acuerdo. Sin embargo, el de LabPax no pudo realizarse por una diferencia en la dirección (ver aparte).
El caso comenzó tras de una investigación del periodista Diego Cabot en el diario La Nación. Allí se dio cuenta del rol de Labpax, la firma que fue creada poco antes de comenzar a operar en el aeropuerto, por dos monotributistas sin experiencia en la materia. A lo que se suma, entre otras irregularidades, la llamativa velocidad con la que se entregaban los resultados de los test a las personas que volvían de viaje.
El material de la publicación sirvió para que se presentara una denuncia ante la justicia federal de Lomas de Zamora, donde actualmente está como subrogante Armella, que es titular en Quilmes, quien tras un pedido de la fiscal Cecilia Incardona, ordenó los procedimientos. Los primeros fueron en la mañana del miércoles, en el Aeropuerto de Ezeiza, donde allanaron la sede de AA200 y el centro de testeos así como la sede de Corporación América, donde funciona AA2000 en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la empresa se explicó que habían prestado total colaboración con la Justicia y enfatizaron en que se había dispuesto supervisión en el lugar desde que se tomó conocimiento de supuestas irregularidades en la realización de los exámenes. En tanto que el miércoles, después de los allanamientos, el Ministerio de Salud de la Nación se presentó ante la Justicia para pedir que se investigue lo sucedido con el laboratorio.
El punto no pasó desapercibido. Ezeiza es la puerta de entrada al país y donde más controles debió haber, en especial por las nuevas cepas existentes en el mundo y con mayor poder de contagio. Sin embargo, el Estado no participó de los testeos ni tomó cartas en el tema hasta que estalló la investigación judicial. Recién luego de los procedimientos se presentaron.
En los allanamientos participaron la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal así como miembros de Anmat. Y allí no sólo se secuestró documentación sino también kits para realizar testeos y la vez que se auditaron una serie de testeos en tiempo real.
Un error de datos
De los tres allanamientos ordenados ayer, sólo se pudieron concretar dos. El que correspondía a la sede de LabPax no se pudo realizar porque en la dirección que figuraba en el expediente de la causa, encontraron una plaza. Tras la sorpresa, la Justicia habría podido dar con el domicilio real de la firma y la diferencia entre ambos lugares se debería, en principio, a un error en los datos. Estos y los anteriores procedimientos forman parte de la primera etapa de la investigación, que tiene que ver con el tramo “sanitario” del caso, en tanto que a futuro la investigación se orientará a la pata económica del caso, más compleja que la anterior, pero que de momento es menos urgente. según explican en Tribunales, los investigadores priorizaron regularizar la situación de controles al país, para luego adentrarse en quién o quiénes están detrás de las maniobras investigadas. De hecho, la Justicia resolvió intervenir las operaciones de testeos en Ezeiza con auditores de la Universidad Nacional de Avellaneda hasta tanto la Fundación Stamboulian se haga cargo de las tareas a partir del 15 de mayo.
