La mayor apuesta del Gobierno en materia de modernización estatal comenzará a funcionar en los próximos días. A través de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, la administración de Mauricio Macri planea modificar la calidad de los trabajadores estatales hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales (por encima de la inflación), a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio.
Todos los puestos, desde los jerárquicos hasta los más básicos y que pertenezcan a la conducción más permanente del sector público, más allá de la cambiante conducción política, tendrán que pasar esta prueba que implementará el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, por pedido del propio Presidente.
"Queremos crear una universidad pública que esté compuesta por programas que tengan que ver con itinerarios formativos en la carrera del empleado del Estado", explicó Ibarra a La Nación.
En total, para el Estado nacional trabajan 210 mil personas distribuidas en las áreas de Presidencia, ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa).
El objetivo del Gobierno es que en el corto plazo la totalidad de los miembros de la administración central (que cobra sueldo bruto promedio de $ 30.000 mensuales), asistan a los 219 cursos de capacitación que se pondrán en marcha con un fondeo de 60 millones de pesos.
La creación de la "universidad virtual", un ítem clave de la iniciativa, le permitirá al Gobierno llegar más allá de la ciudad de Buenos Aires y reducir la ausencia de trabajadores estudiantes y bajar los costos de la capacitación.
Desde las próximas semanas, cualquier persona que ingrese a la administración central deberá completar un período de inducción de varias horas, con cursos y programas obligatorios y optativos, cuya realización es verificable a través de los sistemas tecnológicos que está desarrollando el Gobierno.
Así, los empleados públicos estarán agrupados en diferentes carreras (administrativa, otra relacionada con la comunicación y otra social). Una vez que se haga su revisión y actualización, se tipificará cada una de ellas para generar planes de formación y capacitación en función de sus cuestiones específicas.
