La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó en el mediodía de este miércoles los procesamientos de un grupo de empresarios —entre ellos Carlos Wagner, Tito Biagini y Aldo Roggio— y de exfuncionarios de Aysa, en el marco de una de las causas que investiga el rol de la brasileña Odebrecht, en Argentina. El expediente investiga los desmanejos en torno a la construcción de dos plantas potabilizadoras de Aysa, en Tigre y Berazategui.
La decisión del tribunal de alzada confirmó lo actuado por el juez de la causa, Sebastián Casanello, quien en mayo pasado procesó a exfuncionarios y a empresarios en el caso por defraudación en la administración pública. El magistrado llegó a esa decisión luego de analizar las "irregularidades detectadas en el marco de los procesos de licitación" donde, argumentó, "se observaron ventajas ilegítimas a las empresas que resultaron ganadoras".
Además de confirmar los procesamientos de Roggio, Biagini, Wagner y Ben, y sus respectivas prohibiciones de salida del país, los camaristas hicieron lo propio con otros involucrados en el caso, como los exdirectores de la empresa pública, Oscar Biancuzzo, Carlos Di Somma, Carlos Donnoli y Antonio Caucino. La medida alcanzó también a otros involucrados en el caso como Eduardo Blomberg, Conrado Martin y Pedro Casiraghi, entre otros.
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Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia también confirmaron los montos trabados a embargo sobre los bienes y dinero de los acusados —que Casanello había dispuesto en hasta de 790 millones de pesos—, así como la prohibición, a las empresas involucradas, de alterar su estatus jurídico, para que “no se puedan transferir paquetes accionarios, escisiones, fusiones, etc”.
Entre los alcanzados por esta decisión están: Construcciones Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Argentina”, “Benito Roggio e Hijos S.A.”, “Supercemento SAIC S.A.”, “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.”, “Esuco S.A.” y “Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Argentina”.
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Una investigación compleja que avanzó en las dos direcciones
La causa gira en torno a los manejos de la construcción de dos plantas potabilizadoras de Aysa al norte y al sur del conurbano bonaerense: la primera es Paraná de las Palmas, en Tigre; y la segunda es la planta depuradora del Bicentenario, de Berazategui. La licitación de la primera fue ganada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, José Cartellone Construcciones Civiles y Supercemento SAIC, mientras que la segunda quedó en manos de la UTE la compuesta por Camargo Correa junto Esuco de Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
De los tres expedientes que componen la saga de Odebrecht en la Argentina, este es el que más avanzó en general y en particular, yendo en las dos direcciones que componen la trama: la parte que involucra a exfuncionarios y también a los empresarios involucrados.
En ese sentido, Casanello insistió en el último tiempo para poder contar con los testimonios de Wagner y Roggio en la causa de los "cuadernos de coimas", donde ambos están procesados y reconocieron el pago de sobornos ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Bonadio se negó a compartir las declaraciones, pero la medida fue apelada por los fiscales Stornelli y Rívolo. De acuerdo a la Cámara, la vía para obtenerla es el Ministerio Público Fiscal, por lo que el magistrado solicitó al fiscal de Aysa, Federico Delgado, que las obtenga a través de Stornelli.
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En el procesamiento resuelto por Casanello en mayo pasado y confirmado este miércoles por la Cámara, el magistrado consideró probado que hubo “a través de cartelización, un reparto irregular de la obra pública”. Y estableció que hubo “incrementos presupuestarios injustificados desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA que incorporaban obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas”.
En su escrito, el magistrado detalló que la obra de Paraná de las Palmas “preveía un valor estimado en $ 1.800.000.000, los incrementos, la financiación del BNDES, las prórrogas sistemáticas y la aplicación de redeterminación de precios, llevó el valor del contrato a casi $ 6.500.000.000”. En tanto que en el caso de la Planta de Berazategui “se había estimado un presupuesto de $ 324.000.000 y el valor del contrato se elevó hasta hoy a casi $ 860.000.000”. Por lo que, en total, el juzgado advirtió que el “Estado pagó muy por encima de lo previsto y se demoró injustificadamente su entrega”.
