Cuando el empresario Emilio Odebrecht acordó que la principal constructora de Brasil iba a admitir el pago de sobornos multimillonarios en doce países tenía dos metas en su cabeza: aliviar la pena de su hijo Marcelo, entonces detenido, y salvar lo que quedara en pie de su compañía, la principal constructora del Brasil. En junio se cumplirá un año y medio del acuerdo que reveló la trama argentina del caso. Odebrecht no sólo había pagado sobornos millonarios durante años en su país sino que había montado una ingeniería financiera internacional para coimear a funcionarios de otros once países. Odebrecht no era un oasis en el sistema. Era parte del sistema y en la Argentina decía haber pagado coimas por al menos US$ 35 millones entre 2008 y 2014.
Sin embargo, la llegada de las pruebas que están en manos de Brasil y que podrían comprometer a ex funcionarios, sindicalistas y empresarios argentinos, sigue demorada a la espera de una voluntad política y judicial que abra la puerta al huracán que continúa sacudiendo ala región, y al sistema de la obra pública.
Desde diciembre de 2016, los jueces y fiscales argentinos vienen planteando que las condiciones legales de Brasil para enviar las pruebas y testimonios de los ejecutivos de Odebrecht no son "practicables" en la Argentina porque el país nunca reglamentó en su legislación cómo deben proceder los jueces y fiscales en este tipo de acuerdos. La clave, dicen, está en una de las exigencias: la Argentina debe garantizar a Brasil que la Justicia no perseguirá penal, civil o administrativamente a la compañía, a los ejecutivos que admitieron delitos y a sus subordinados. Esa discusión estancó la llegada de las pruebas. Hay jueces y fiscales que creen que esa imposición no es posible. Odebrecht sostiene que los culpables ya fueron condenados en ese país y que la Argentina adhirió a los tratados internacional contra la corrupción, que debe cumplir, como explica el abogado de la empresa, Pablo Maggio.
Entre marzo y abril, algo se destrabó y dos compuertas que parecían selladas comenzaron a abrirse, pero aún falta que corra el agua. Por un lado, el Ministerio de Justicia analizó la propuesta del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y tras conversaciones informales con otros magistrados decidió enviar una propuesta a la Corte Suprema de Justicia: introducir un artículo en el nuevo Código Procesal Penal que reglamente este tipo de acuerdos y establezca las reglas para garantizar lo que exige Brasil. Así lo confirmaron fuentes oficiales a PERFIL. La propuesta está siendo analizada por el máximo tribunal y un grupo de jueces, y de concretarse deberá ser aprobada por el Congreso.
Al mismo tiempo, la Procuración General de la Nación activó otra vía para superarlas trabas. Los fiscales Sergio Rodríguez y Franco Picardi junto a la Oficina Anticorrupción comenzaron una especie de negociación en paralelo: buscan un acuerdo con los fiscales de Brasil para intentar reducir las exigencias del acuerdo.
El penalista Maggio lleva adelante las presentaciones de Odebrecht ante los jueces federales que investigan las tres obras centrales de la empresa y sus socias locales: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la planta potabilizadora Paraná de las Palmas (Aysa) y la ampliación de gasoductos 20062008. Maggio tiene una posición distinta a la de los jueces: cree que en la Argentina están dadas las condiciones jurídicas para acelerar la llegada de pruebas.
La constructora brasileña no tiene mucho más que perder, salvo tiempo. El tiempo el dinero. Por decisión del Gobierno, no puede licitar obra pública pero sus socias locales sí pueden hacerlo; sólo le queda un contrato en pie (los gasoductos de Córdoba); y su marca quedó asociada a la corrupción.
La llegada de las pruebas implicaría altas pérdidas para otros: las grandes constructoras argentinas que operaron con Odebrecht en las obras investigadas y que, según el dueño de la brasileña, serían cómplices del pago de sobornos a funcionarios argentinos.
Maggio explica que "los tratados internacionales firmados por Argentina y Brasil establecen que los países pueden celebrar acuerdos para obtener información para determinar los hechos y el destino final de los fondos. En Argentina los tratados internacionales tienen un rango superior a las leyes, eso no es una interpretación sino una disposición de la Constitución Nacional. Siempre entendimos que bajo ese marco legal, la Argentina debía reconocer y respetar los acuerdos celebrados en Brasil", sostiene.
El abogado afirma que "en ningún caso la empresa o Brasil ha planteado la inmunidad de los ejecutivos de Odebrecht o, como se ha dicho, la impunidad de los funcionarios de la compañía". "Los colaboradores han tenido penas severas", que implican prisión, inhabilitación, multas y la obligación de cumplir con servicios sociales, agregó el abogado.
DOS VIAS:
El Ministerio de Justicia analizó la propuesta de jueces federales y envió una posible modificación del Código Procesal Penal a la Corte Suprema.
El máximo tribunal se encuentra analizando ese posible cambio. Luego deberá pasar por el Congreso.
Mientras tanto, como trascendió esta semana, los fiscales y la Oficina Anticorrupción negocian con Brasil en busca de pruebas.
