La abogada María del Carmen Verdú, representante de varias víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, cuestionó hoy al juez federal Claudio Bonadío por no indagar a funcionarios y empresarios a un mes del choque y señaló que eso era "una toma de partido" a favor de los acusados por la querella.
La letrada que presentó demandas por homicidio contra varios funcionarios y la empresa TBA expresó hoy que veía con "muchísima preocupación que no se haya hecho desde la investigación judicial una representación de los funcionarios".
Y, señaló que desde "el Ministerio de Planificación (Federal, que dirige Julio) De Vido, el secretario de Transporte al momento de la tragedia (Juan Pablo) Schiavi y el subsecretario de Transporte Ferroviario (Aníbal) Luna y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte tenían la obligación explícita y legal de evitar que sucediera un hecho como el que ocurrió el 22 de febrero".
Verdú señaló que tenía "otras demandas para introducir esta semana" en la causa porque explicó que "las víctimas recién ahora están en condiciones de encarar su representación procesal, la primera preocupación fue su estado de salud".
Asimismo, reclamó respuestas ante la justicia de "los empresarios del grupo TBA con las empresas que integran ese pull y de los integrantes del directorio que como representantes de la concesión del servicio también tenían una obligación de realizar conductas para impedir el resultado".
"No decimos que hubo una decisión deliberada de matar a personas, sino que la decisión deliberada y teniendo los medios a disposición de hacer otra cosa fue no cumplir con la obligación para ambas partes funcionarios y empresarios", acotó.
La letrada aseguró, en diálogo con radio América, que "esta decisión fue deliberada basada en ánimo de lucro". "Hay intencionalidad para que se produjera un resultado que todos sabíamos que era posible en algún momento", acotó.
Verdú sostuvo que la posibilidad de un choque era "altamente probable a partir de accidentes anteriores con víctimas y advertencias formuladas por los propios trabajadores y delegados de la línea Sarmiento y de organismos oficiales".
La abogada también recordó que "el rol de querellante, mas allá de lo técnico, es defender a rajatabla los intereses de la victima del hecho y muchas veces eso colisiona con lo que representa el aparato judicial que en definitiva es otra parte del mismo aparato estatal que estamos imputando".
"Que el juzgado no haya ordenado ya la indagatorias de los empresarios y funcionarios está señalando una toma de partido que va contra de lo que nosotros estamos planteando", advirtió.
Pero, aclaró que junto a sus representados "no nos parece como hacen otros querellantes en la causa que sea una cuestión de cambiemos este juez y pongamos otro".
"No habría mayor diferencia sino por los intereses que se defienden en los lugares procesales en la causa", dijo la abogada y señaló que si hubiera cambio de magistrado en la justicia federal "luego nos tendríamos que quejar de (María) Servini de Cubría, de (fiscal Ariel) Lijo o de (Norberto) Oyarbide".
