En este expediente De Vido tiene firme su procesamiento sin prisión preventiva, dictado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio y confirmado, el 12 de julio, por la Cámara Federal.
Según consignó la agencia DyN, el fiscal elevó el pedido solicitando que se lo juzgue por los cargos de "administración fraudulenta" y "estrago culposo".
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun no hicieron lugar a los pedidos de nulidad que presentaron los defensores. "De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas", justificó la Cámara en el fallo.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun no hicieron lugar a los pedidos de nulidad que presentaron los defensores. "De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas", justificó la Cámara en el fallo.
Los camaristas aseguraron que "existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA".
De Vido "no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio. Lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012", subrayaron.
Según la Cámara, "pese a los múltiples informes desfavorables elevados por las diferentes áreas, fue recién el 28 de febrero de 2012 -luego de los acontecimientos que dieron inicio a estos actuados- que dictó la Resolución 199", cuando De Vido dispuso la intervención en la concesión del servicio que prestaba TBA en la línea Sarmiento.
"No he intervenido, ni participado, ni conocido ni consentido ninguno de los actos, las omisiones o las complicidades cometidos por los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi", dijo en su declaración indagatoria De Vido, responsable directo desde el ministerio de Planificación de las acciones de los condenados a seis y ocho años de carcel.
