La Cámara Federal porteña confirmó al juez federal Claudio Bonadio al frente de una de las causas conocidas como "Operación Puf" que investiga una supuesta "operación" para "entorpecer" la pesquisa por los Cuadernos de las Coimas.
El juez Martín Irurzun, de la sala segunda del Tribunal de Apelaciones, rechazó los pedidos de apartar del caso a Bonadio por parte del productor agropecuario Pedro Etchebest y del ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, según los escritos a los que accedió Télam.
Sin embargo, el camarista encomendó a Bonadio evaluar en un futuro "la procedencia de continuar interviniendo" en la investigación "en atención a que la hipótesis planteada en estos actuados, de corroborarse, lo sitúa entre los eventuales perjudicados por la maniobra".
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La decisión de la Cámara Federal llega un día después de que el juez Luis Rodríguez decidiera archivar una causa idéntica a pedido del fiscal Jorge Di Lello. Ambas investigaciones se iniciaron tras la aparición de escuchas que involucran a exfuncionarios detenidos y referentes kirchneristas.
El material llegó de forma anónima a manos de la diputada oficialista Elisa Carrió y del fiscal federal Carlos Stornelli. El expediente archivado miércoles se abrió el 8 de febrero a instancias de una presentación del fiscal federal declarado en rebeldía, mientras que la causa que instruye Bonadio, se originó tras la denuncia de la diputada chaqueña.
Las escuchas fueron producto de una intervención al teléfono penal de Ezeiza, en el marco de una investigación contra el presunto narcotraficante Mario Segovia. Ese pedido permitió grabar todos los llamados realizados desde la cárcel, incluso aquellos que no incidían en la investigación contra el supuesto narco.
Por eso se grabaron y difundieron conversaciones que involucran, entre otros, a Roberto Baratta, exmano derecha del exministro de Planificación, Julio De Vido; al exembajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés; al exsecretario de Transporte preso por la Tragedia de Once, Juan Pablo Schiavi; y quien sería, según la denuncia de Elisa Carrió, el exfuncionario kirchnerista Carlos Zelkovicz.
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Según reconstruyó el periodista Franco Mizrahi en El Destape, en su investigación Di Lello solicitó informes al juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora (el que originalmente ordenó las escuchas en la causa por narcotráfico), a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para determinar la legalidad del material.
Lo llamativo fue que mientras el juzgado bonaerense aseguró haber ordenado la destrucción de esas escuchas, desde la AFI sostuvieron que no recibieron ninguna orden del tribunal provincial de destruir el material, por lo que disponían de las transcripciones. Este contrapunto derivó en la imposibilidad de determinar la legalidad de las escuchas.
Ante esto, Di Lello consideró que “los elementos arrimados hasta el momento en el presente sumario no resultan suficientes como para avanzar en forma razonable con la pesquisa”.
Y agregó: “La jurisprudencia ha aceptado, en general, el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder cuando el material probatorio reunido en el expediente es insuficiente para probar el hecho denunciado o, probado el hecho, no sea posible atribuírselo a una persona determinada”.
MS/ CP
