Ordenan a fiscales acelerar juicios a genocidas

El procurador General de la Nación, Esteban Righi, ordenó hoy a todos los fiscales del país que actúen con mayor celeridad en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, promuevan la elevación a juicio de todas las causas y eviten procesos que conlleven una "atomización" y el análisis de una "realidad fragmentada" de los casos.

El dictamen de Righi -a tono con los reclamos de organismos de derechos humanos y querellantes en causas por crímenes de la dictadura- surgió luego de un estudio de las investigaciones por delitos de lesa humanidad a nivel nacional, mediante el cual se detectaron excesivas demoras en la tramitación y su llegada a juicio oral, lo que se vio agravado por el fallecimiento de represores que no llegaron a recibir condena.

El estudio fue realizado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado que concluyó que "una característica general de los actuales procesos penales por crímenes contra la humanidad es la demora en superar la etapa de instrucción", dice el trabajo conocido en Tribunales.

Entre los motivos de las demoras se encuentran los planteos de nulidad presentados por las defensas de los acusados ante distintas instancias de apelación, lo que a veces provoca que las causas queden estancadas. En este sentido, el jefe de los fiscales recordó que hay jurisprudencia que establece que "la existencia de recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Cámara Nacional de Casación Penal no obsta a la posibilidad de elevar las actuaciones a juicio".

Entre los casos analizados se encuentra la megacausa por lo hechos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que registra procesamientos confirmados desde el año 2004, pero hasta fines del 2007 el juez no había dispuesto correr las vistas para la elevación a juicio.

Se cuestionó la "existencia de múltiples causas conexas entre sí que tramitan por separado" lo que conlleva varios inconvenientes a criterio de Righi, puesto que se termina analizando "una realidad fragmentada y se produce una clara afectación a las víctimas, llamadas a brindar testimonio en repetidas ocasiones muchas veces para referirse a los mismos acontecimientos", sostiene el dictamen.

"La principal consecuencia que debe prevenirse es la de arribar a juicios orales por pocos hechos, circunstancia que implica un claro dispendio jurisdiccional y de recursos humanos y materiales, una evitable exposición de víctimas y testigos, la descontextualización histórica del suceso que se pretende juzgar y, por fin, una prolongación inaceptable de los procesos vistos como una totalidad", advirtió Righi.

Para evitar que situaciones como esa sigan repitiéndose, el jefe de los fiscales ordenó "priorizar el impulso de las causas que concentren la mayor cantidad de casos".

Ello, "a fin de lograr rápidamente juicios significativos, evitando la atomización de los hechos y procurando el juzgamiento definitivo de una multiplicidad de hechos cuyo rasgo definitorio ha sido -entre otros- su comisión en forma sistemática, aspecto que puede resultar oscurecido en el marco de procesos penales que abarquen pocos casos", resaltó.

Righi instó a los fiscales a promover "la elevación a juicio de la totalidad de las causas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado en las que el auto de procesamiento haya quedado firme o haya sido confirmado por la Cámara de Apelaciones".

Además, autorizó la intervención, como coadyuvantes, de los fiscales que actuaron en la instrucción en las causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado para que trabajen en forma conjunta o alternada con el fiscal que intervenga en la etapa de juicio.

Fuente: DyN