El juez federal Norberto Oyarbide quedó a cargo de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans contra el Consejo de la Magistratura y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) por supuestos “desvíos de fondos” y “defraudación a la administración pública”. Se basa en las investigaciones sobre contrataciones “ilegales” de informáticos que se desataron en el Poder Judicial, tal como reveló PERFIL en sus últimas ediciones.
La presunta maniobra encubriría gastos por $ 27.865.500 entre el mes de febrero de 2009 y mayo de 2014. Las contrataciones y licitaciones se realizan ante la Comisión de Administración Financiera entre su presidente, el camarista laboral Mario Fera, y el Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer.
En tanto, el líder del gremio de Judiciales, Julio Piumato, avaló los reclamos y explicó que los trabajadores perciben salarios de menos de $ 5 mil cuando la contratación con la UTN se habría hecho entre $ 11 mil y $ 16 mil por cada trabajador de los cuarenta involucrados.
El único consejero que impulsó la denuncia tras recibir a los trabajadores que enumeraron una serie de “irregularidades” en las contrataciones, como la falta de seguros y beneficios sociales, fue el senador radical Mario Cimadevilla. Hasta la fecha no obtuvo respuestas por sus reclamos ante el Consejo de la Magistratura.
La causa quedó radicada ante el juzgado federal N° 5 y en la fiscalía N° 10, a cargo de Miguel Angel Osorio. Sin embargo, en Tribunales ayer especulaban con la excusación de Oyarbide en esta causa porque será el encargado de investigar al órgano donde acumula más de 84 causas por presunto mal desempeño.
De hecho, el jueves, fue Cimadevilla quien solicitó el pedido de jury y suspensión del cargo contra Oyarbide por “violar la normativa judicial” y por supuesto enriquecimiento ilícito al adquirir un anillo que el mismo juez admitió haberle costado más de US$ 250 mil.
La Cámpora, bajo el mando del diputado nacional y consejero Eduardo De Pedro, intentaría frenar las denuncias contra Oyarbide o negociar con la situación del juez federal Claudio Bonadio (también investigado), quien en su alegato la semana pasada adujo “arbitrariedad y persecución política”.
Por otro lado, el juez Daniel Rafecas, también investigado en la Magistratura, instruye la causa por irregularidades en las contrataciones del servicio de limpieza del Poder Judicial. Sebastián Casanello tiene a cargo la causas por las inconsistencias en la locación del edificio ubicado en Lavalle 1441/43.
En tanto, Rodolfo Canicoba Corral asumió la causa por irregularidades en la licitación para la construcción de un edificio supuestamente “Inteligente y de última tecnología” ubicado en la calle Uruguay 722 que no se terminó. Se sospecha de una posible sobrefacturación a la empresa RIVA SA, la misma a la que se acusa de incumplir lo pactado. Así, la Justicia Federal investiga al órgano encargado de seleccionar, sancionar o remover jueces.
