En la causa en la que se investiga la defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la Obra Social del Sindicato de Camioneros, el juez federal Norberto Oyarbide rechazó un pedido de inhibitoria que le planteara su par Claudio Bonadio.
Así, Oyarbide aseguró que “de conformidad a las directivas emanadas del Superior al confirmar los procesamientos de los imputados, me encuentro en este momento reuniendo pruebas a los fines de determinar de qué manera habrían participado distintas personas en la órbita de la Superintendencia de Salud y la Administración de Programas Especiales, como ser Héctor Capaccioli, Alejandra Ungaro, y Navas, entre otras, como así también el perjuicio que podrían haber causado al Estado, en connivencia con Néstor Lorenzo y los demás implicados en la investigación”
En esa línea, el magistrado remarcó: “…No podré hacer lugar a la inhibición parcial de los hechos aquí solicitada por mi distinguido colega ya que conspiraría contra el éxito y avance de la investigación, como así también el riesgo de formalizar doble imputación sobre mismos hechos y pronunciamientos contradictorios sobre los imputados.
Ahora, el juez federal Claudio Bonadio elevará la causa a la Cámara Federal para que resuelva el pedido.
Bonadío analiza si hubo defraudación con los tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos que administra la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del Ministerio de la Salud, y en donde estarían vinculadas droguerías que también son investigadas por Oyarbide, en la megacausa por los medicamentos adulterados.
