Puede ser uno de los votos más duros que el Gobierno verá de parte de un juez. El viernes 19 de junio el escrito de Juan Carlos Gemigniani estaba listo. El lunes siguiente, 22 de junio, debía reunirse con los otros dos jueces de la Sala AMIA de la Cámara de Casación para decidir el veredicto: si ratificaban que el Memorándum de Entendimiento con Irán es inconstitucional, o si lo declaraban constitucional.
Ese viernes 19 a las 15, Luis María Cabral, tuvo acceso al voto de Gemigniani, según relataron a PERFIL fuentes directas de la situación. El voto sería una bofetada al Gobierno. Más tarde, el escrito también llegó a manos de su colega Ana María Figueroa, a quienes algunos jueces le echan en cara su buena sintonía con el Gobierno y que ella negó la semana pasada. Ese mismo viernes, Cabral le había mostrado a uno de sus colegas un borrador de su voto. Tendría tres aspectos centrales: que el memorándum es inconstitucional, al igual que la formación de una Comisión de la Verdad –que la Cámara Federal dijo que intentaba sustituir tareas propias de jueces y fiscales–; pero aprobaría la posibilidad de tomar declaración indagatoria a los acusados fuera de la Argentina. Más allá de este último punto, junto con el voto de Gemigniani, declaraban inconstitucional el memorándum. Hasta que Cabral fue desplazado –su nombramiento en la Casación era irregular– y en su lugar el kirchnerismo nombró a un conjuez afín: Claudio Vázquez. Salvo que una decisión judicial reponga a Cabral en sus funciones, el memorándum seguiría en el freezer.
Pero el voto de Gemigniani sigue esperando ver la luz y va mucho más allá del de Cabral. El juez encuadraría el memorándum en una maniobra de encubrimiento del atentado a la AMIA. Eso iría en el mismo camino de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, aunque con otros argumentos. Además, hablaría de una vulneración de la soberanía argentina. Así pudo reconstruirlo PERFIL de fuentes directas en contacto con el texto.
Gemigniani habría tomado elementos del voto de Raúl Zaffaroni en el Caso Simón. Se trata de la sentencia de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Allí, Zaffaroni dijo que no pueden coexistir dos derechos –uno internacional y otro nacional– en materia de Derechos Humanos. El atentado a la mutual judía es un delito de lesa humanidad. Gemigniani entendería que el memorándum contradice al derecho argentino y al criterio de la Corte del “derecho único”. Diría que va contra el Pacto de San José de Costa Rica, ya que pondría “obstáculos” a una investigación por crímenes de lesa humanidad.
El escrito del magistrado hablaría de la comisión del delito de prevaricato –dictar una resolución arbitraria– que afectaría incluso a miembros del Poder Judicial que ya fallaron en esta causa. Aún si queda en minoría, y Figueroa y Vázquez votan por la constitucionalidad del memorándum, Gemigniani estaría dando a la AMIA y a la DAIA los argumentos centrales para una apelación ante la Corte Suprema. También al fiscal federal Raúl Pleé, quien tiene decidido apelar el fallo si sale a favor del Gobierno.
Casualidad o no, la audiencia del lunes 22 se terminó suspendiendo luego de que se filtró el voto de Gemigniani y a pedido de Cabral y de Figueroa, quienes dijeron que todavía no tenían sus votos. Era la segunda vez que ambos posponían su decisión. El Gobierno ganó tiempo y tres días después, activó el único plan factible y legal que tenía para evitar el fallo contra el memorándum: sacarse del medio al único de los dos jueces que iban a votar contra el pacto con Irán y que podían correr de la causa.
Nombran más jueces y fiscales
Ernesto Kreplak juró ayer como titular del juzgado federal Nº 3 de La Plata luego de obtener el acuerdo del Senado y el Ejecutivo. El abogado, alineado con La Cámpora, podría subrogar al juezgado federal Nº1, con competencia electoral, en donde ayer fue ratificado interinamente Laureano Durán, hasta tanto el Consejo de la Magistratura tome una resolución. En paralelo, ayer se publicó en el Boletín Oficial la designación de dos jueces, tres fiscales, 64 conjueces, seis defensores nacionales y otros funcionarios judiciales. Esos nombramientos fueron oficializados ayer por el Poder Ejecutivo.
La presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, viene avanzando con el nombramiento de jueces en los últimos años. La oposición sostiene que son magistrados afines al kirchnerismo.
