La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal Gabriel De Vedia, denunció al ministro de Finanzas, Luis Caputo por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ese organismo. El funcionario está acusado de incompatibilidad con la función público, incumplimiento de los deberes del funcionario público y administración infiel.
En diálogo con FM La Patriada, De Vedia explicó: "Lo que firmó Luis Caputo, ya siendo parte del Gobierno, es una operación que favorece económicamente a la empresa que él presidía hasta días antes de asumir como funcionario público. Es decir, Luis Caputo se pagaba comisiones a sí mismo desde las dos sociedades que componían el Fondo".
Y amplió: "Durante el proceso por el cual se conforma un FGS dura determinado tiempo y es tramitado en la Comisión Nacional de Valores y, Luis Caputo fue Presidente de la Comisión desde el momento en el que se solicita la aprobación del FGS y, siguió siendolo cuando sale su aprobación en 2015. La Ley de Ética Pública plantea una serie de compatibilidades, entre las cuales se encuentra ésta".
"Hay que ser implacable en relación a lo que es el FGS, estamos hablando de recurso de la Seguridad Social. La Seguridad Social es la herramienta que tiene un Estado para redistribuir el ingreso, desde una visión inclusiva, con Justicia Social, etc. Su rol es redistribuir el ingreso para que le llegue a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad estructural", alertó el titular de la UFISES.En ese sentido, precisó que "nosotros no podemos obviar la importancia que tiene la protección de estos recursos porque el FGS cumple una función" anticíclica.
El fiscal indicó que si bien el Comité esta autorizado por ley a comprar letras públicas, Lebacs, etc. pero no lo está en la modalidad planteada. "Se debe buscar el rendimiento de los fondos, no favorecer a una empresa determinada y, menos todavía a una que se encuentre vinculada al Ministro encargado de autorizar la transacción", puntualizó. E insistió: "En estas cosas debemos ser implacables, la Constitución Nacional ordena velar por el cumplimiento de la legalidad constitucional y, también, por el interés general de la comunidad, nosotros no podemos obviar esto".
