El Grupo Clarín salió a responderle al ministro de Justicia, Julio Alak, quien hoy anunció un nuevo pedido de "per saltum" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la causa en la que debe definirse la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Medios.
Para la empresa, el funcionario incurrió en "falsedades y mentiras" cuando anunció "el segundo pedido de 'per saltum' en pocos días", al decir que el fallo de la Corte del 22 de mayo fijaba el 7 de diciembre como fecha tope de la medida cautelar y que ésta no se podía extender. "Por el contrario, el fallo dice expresamente que el plazo de la cautelar puede ser 'revisado'", recordó Clarín.
A lo largo de todo el juicio, "el Estado incurrió en maniobras dilatorias, que se exacerbaron una vez que la causa estuvo lista para sentencia", sostuvo Clarín en un comunicado difundido hoy.
Desde septiembre "el Gobierno lanzó una inusitada campaña de amenazas y presiones contra la Justicia, buscando correr a todos los magistrados que debían tomar decisiones en la misma", sostuvo Clarín.
"La Ley de Medios está vigente y de los 166 artículos que la componen, la Justicia está estudiando la presunta inconstitucionalidad de dos de ellos. Los 164 restantes se encuentran vigentes y el Grupo Clarín fue el primero en cumplirlos. Por el contrario, el Gobierno es quien dilata la aplicación de la Ley al resto de los grupos mediáticos", denunció.
El comunicado agregó que es el Gobierno "quien decidió postergar en varias oportunidades la licitación de nuevas frecuencias y la ejecución de numerosos artículos. La causa tramitada por el Grupo Clarín no tiene nada que ver con esto", aclaró.
"En el colmo del disparate, el ministro sostuvo que el Grupo Clarín no tiene legitimación para actuar en la causa, aduciendo que 'no es titular de ninguna licencia ni señal de radiodifusión. Tampoco es accionista ni socio de compañías que sean titulares de licencias'", dijo el comunicado.
En la refutación, la empresa diriga por Héctor Magnetto señaló que esta afirmación se trata de un "absurdo" y que bajo el mismo "habría que preguntarle al ministro cómo entonces el Gobierno acusa al Grupo Clarín de incumplir la Ley o de objetarla judicialmente. También debería responder por qué el Estado le cobra las tasas por las licencias que explota o por qué el titular del AFSCA se hizo presente en su sede para notificarle ilegalmente el inicio de un procedimiento que viola expresas decisiones judiciales. Salvo que, como sucede con otros grupos mediáticos, el Gobierno desconociera la titularidad de los medios que él mismo regula", disparó.
Finalmente, el ministro Alak sostuvo que la Ley respeta la Constitución y los tratados internacionales y en relación a esa afirmación el grupo Clarín sostuvo que "los artículos cuestionados demuestran lo contrario".
Y enumeró que con los mismos "se vulnera la libertad de expresión y otros derechos constitucionales al desconocer las licencias de medios independientes, quitarle sustentabilidad a los mismos, favorecer a los grupos paraestatales y restringir a los medios de libre creación que no usan espectro radioeléctrico. Así, se afectan los derechos de libertad de expresión (art. 14 y 32 CN), igualdad (art. 16 CN), legalidad (art. 18 CN), propiedad (art. 17 CN), competencia (art. 42 CN), y los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe restringir la libre expresión por vías indirectas", finalizó.
