El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que la jura de los jueces nombrados por decreto "es una decisión de la Corte", y que "puede hacerse en cualquier momento", ya que "no hay ningún impedimento judicial" para que asuman.
El funcionario se refirió también al traspaso de las escuchas de la órbita del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia, al plantear que "es razonable que sea el Poder Judicial, que es el que tiene la independencia y la garantía de imparcialidad, el que supervise este proceso".
El ministro también aseguró que "es una falsedad" que se diga que el Gobierno legisla a través de decretos y agregó: "¿Cuántos decretos de necesidad y urgencia se dictaron? Tengo contados cuatro, de los cuales dos son nuestros, del Ministerio de Justicia”. “No parece ser tanto", afirmó.
En una entrevista publicada hoy por el diario Página/12, Garavano indicó en referencia al nombramiento de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que el procedimiento del decreto 222 terminó "con una participación inédita en la cantidad de presentaciones que se hicieron". Además, contó que están "terminando el informe para elevarle los pliegos al Presidente y que decida si los envía al senado en las próximas semanas".
Sobre la fecha en la que los nuevos jueces ocuparían las vacantes que dejaron Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt, el ministro respondió: "La idea siempre fue hacer el proceso del decreto 222, y de hecho lo iniciamos de inmediato. Pero tomar juramento es una decisión de la Corte y puede hacerlo en cualquier momento. No hay ningún impedimento judicial para que juren. Para nosotros están nombrados.
En el Ministerio de Justicia ya se ha cumplido con el proceso de consulta pública". Garavano explicó los argumentos de la medida y sostuvo que "estos dos jueces nombrados tienen más validez constitucional que los conjueces", al tiempo que agregó que los jueces de la Corte Suprema "son empleados del Estado".
Sobre el traspaso de las escuchas, que fue postergado por el máximo tribunal a fines del año pasado, Garavano replicó: "La fiscalía es una de las partes en el proceso penal y el control de las escuchas no debería estar en una de las partes del proceso.
Es razonable que sea el Poder Judicial, que es el que tiene la independencia y la garantía de imparcialidad, el que supervise este proceso".
Garavano también adelantó que "van a abrir una instancia de discusión" para definir a cuántos años van a reducir el mandato de la procuradora y añadió que esa decisión "le alcanzaría" a Alejandra Gils Carbó, ya que "se podría aplicar retroactivamente”.
