Cristina Kirchner quiere judicializar la gestión de Mauricio Macri. Sobre todo las medidas que más polémica generan, como la designación de los jueces de la Corte Suprema “en comisión” y la intervención de la Afsca. En este último caso lo hizo a través de Martín Sabbatella, con quien habló dos veces esta semana por teléfono, y a quien apoya en su estrategia jurídica.
A los diputados les pidió una impugnación masiva del nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Y a su ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich le solicitó que enviara una carta documento al Congreso por la demora en la designación de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Capitanich lo hizo en su calidad de vicepresidente del PJ. La carta documento es el paso previo a una demanda ante la Justicia, si es que los presidentes de las cámaras no dan consenso para avanzar en el nombramiento.
Dicen que el titular de Diputados, Emilio Monzó, ya dio su aval, y que quien lo demora es Gabriela Michetti. “Michetti habló varias veces con Ricardo antes del 10 de diciembre y le dijo que estaba todo bien. Ahora se escuda en que tiene antecedentes penales, cosa que no es cierta”, confió a PERFIL una fuente de su entorno.
Además, recordó que el propio Mauricio Macri se reunió seis veces con Echegaray para pedirle que continúe en la AFIP al menos unos meses para ordenar la transición.
Sin embargo, la estrategia de la ex presidenta no es compartida por la mayor parte del Partido Justicialista. Tampoco por muchos de los diputados y senadores del Frente para la Victoria. “No vamos a hacer oposición irresponsable”, dijo un hombre cercano a Eduardo Fellner, titular del PJ.
