La candidata del Poder Ejecutivo para ejercer la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró en la audiencia pública que el Senado que la independencia política para ejercer el cargo "no surge sólo de la Constitución" sino que es "una cuestión ética".
Recordó para dar prueba de su independencia que en 2004 junto al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, realizaron una denuncia penal contra la cúpula del Banco Nación por estafa y "la autoridad involucrada en esa denuncia era Felisa Miceli que ese momento era la ministra de Economía".
A su vez, en respuesta al senador Ernesto Sánz (UCR), precisó que "el segundo dato objetivo" de su independencia data de abril de 2007 cuando sacó un dictamen en contra de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que en 2008 refrendada por el Gobierno, por entender que "la compra por un fondo especulativo estaba prohibido por las leyes federales y esa operación afectaba las leyes de defensa de la competencia" y el libre mercado.
Sobre el caso de las salidas de convictos que asistieron a actos del Vatayón Militante, consideró que el ex baterista del grupo "Callejeros" Eduardo Vásquez, condenado por el asesinato de su mujer, fue "un error en materia de oportunidad".
"Si he advertido un problema de oportunidad, por lo menos en el caso de Vásquez, que era un condenado sin sentencia firme", y por lo que no entraba en la ley de Ejecución Penal, pero cuya salida a 20 días de ser condenado genera "un sistema de descreímiento" en la sociedad sobre el sistema.
Gils Carbó destacó los 18 años de carrera que lleva en el Ministerio Público, los últimos 11 como fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, apuntó que si bien no es penalista, la historia indica que desde 1863 en adelante “casi la mitad” de quienes ocuparon ese cargo no lo fueron, en respuesta a observaciones que se le plantearon al respecto.
La audiencia pública realizada por la comisión de Acuerdos del Senado, Gils Carbó dio espacio para defender su pliego de las impugnaciones planteadas por la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; del Colegio de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires; de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y de la particular Marta Susana Bertoni. Tanto la Fundación ambientalista como la ONG de letrados objetaron que Gils Carbó no tiene especialidad en derecho penal, a lo que la postulante indicó que revisó “la lista de Procuradores Generales designados desde 1863 hasta hoy y casi la mitad no eran especialistas en derecho penal”.
En respuesta a la impugnación de Carrió, quien le atribuyó haber avalado desde la Fiscalía el anatocismo (pago de intereses sobre intereses), Gils Carbó afirmó que su criterio “estuvo en todo conforme a la ley vigente y los derechos constitucionales”, en tanto que respecto de la de Bertone vinculó la observación a opiniones jurídicas “divergentes”.
Gils Carbó fue postulada por el PEN para ocupar el cargo que dejó vacante con su renuncia Esteban Righi meses atrás como coletazo de la causa “Ciccone” y después que terminara fracasando la primera propuesta que hizo para designar al actual titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo.
La candidata, en un momento que le concedió el titular de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV), se refirió a las observaciones que se le hicieron por un planteo ante la Corte que hizo una sala del fuero comercial por su desempeño en una causa contra Papel Prensa iniciada por la remoción de los directores estatales, en la cual “hasta ahora la cámara no dictó resolución”.
Gils Carbó precisó que la Sala interviniente demoró la entrega de información solicitada por la fiscalía, que debió recurrir a la Secretaría de Comercio para conseguirla, y cuando se la proporcionó, en diciembre del año pasado, le fijó un plazo de 10 días para dictaminar, que estimó que era insuficiente para leer las “larguísimas actas” de las reuniones del directorio y tomar “una medida responsable”.
Recordó que “la fiscalía no contestó en ese término y la sala solicita a la Corte que diga qué plazo tiene la fiscal para dictaminar un expediente en general. Y la Corte no le da la razón a la cámara porque dice que el tema es abstracto porque la fiscalía había decidido” y no tenía límite de tiempo para expedirse. Sobre los juicios iniciados contra la ANSES, una de las preguntas que le formuló el senador Gerardo Morales (UCR), Gils Carbó reclamó la designación de fiscales para cargos vacantes en el fuero previsional, y señaló que cree que “si hay un compromiso del Estado” en cuanto a no apelar las sentencias “la fiscalía debería reforzar este compromiso”.
También su criterio se estableció respecto a la protección de la identidad de los titulares y accionistas de sociedad anónimas que celebran contratos con el Estado, al considerar que deben ser información accesible.
Morales también le preguntó sobre su opinión sobre la gestión de Righi, la cual Gils Carbó consideró “positiva” pero estimó que es una “asignatura pendiente” la reforma procesal para que la autonomía de los fiscales “sea plena".
