El ex subsecretario de Presidencia, Valentín Diaz Gilligan, quien renunció este lunes deberá probar porque ocultó 1,2 millones de dólares en una cuenta offshore en Andorra. En la causa que tiene el Juez Claudio Bonadio se lo acusa de lavado de activos aunque, el ex funcionario también omitió esta información en la declaración jurada por lo que la justicia deberá evaluar si además le compete el delito de omisión maliciosa.
"La tendencia mundial indica que tiene que demostrar de donde salió ese dinero", explicó a PERFIL José Sbatella ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y agregó que "lo mínimo que se está presuponiendo es evasión fiscal".
Aunque para el abogado y director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Agustín Carrara, "Diaz Gilligan va a tener que enfrentar el delito de lavado de activos, que son de 3 a 10 años de prisión y el de omisión maliciosa por mentir en su declaración jurada que son máximo 2 años".
Si se confirman los dichos del ex funcionario "el delito de evasión sería de -Francisco- Casal mientras que el de lavado seria de los dos" porque en este caso no se declaró el dinero y, a su ves, "ingresó en la economía formal, se trata de una operación de lavado", explicó Carrara a este medio.
Además el letrado sostiene que "el lavado es un proceso. Pasar por una cuenta en el exterior es un proceso de muchos. Nadie pone plata en un paraíso fiscal para no usarla, es decir es un paso más para después usar la plata como si la tuviese acá".
Por otro lado, hay que delimitar el grado de responsabilidad que tuvo el ex subsecretario en la operatoria dado que, para ello se deberá responder si "el movimiento de fondos se podía haber hecho sin la participación de Gilligan", indico el director de (Cipce),
En tanto "la UIF deberá pedir explicaciones sobre el origen de ese dinero a Gilligan y Paco Casal", advirtió Sbatella y agregó que "de todas maneras él trasgrede la legislación".
El dinero oculto estaba en una cuenta abierta en 2012 y operó hasta finales de 2014, etapa en la que Diaz Gilligan se desempeñaba como funcionario en el Gobierno porteño. El depósito estaba a nombre de una empresa inglesa dedicada a la intermediación en los pases de futbolistas, Line Action, a su vez propiedad de una firma panameña llamada Nashville North Inc, en la que Díaz Gilligan era accionista.
En un principio el funcionario también vocal del club River Plate, explicó que había depositado ese dinero en Andorra "para hacerle un favor a un amigo, Paco Casal", conocido representante uruguayo de futbolistas. "La plata nunca fue mía", afirmó el funcionario y agregó que "Casal tenía algunos problemas en Uruguay y me pidió el favor, pero yo no ejercía entonces cargos públicos, solo facturaba como asesor".
