Este jueves el empresario que denunció por extorsión a Marcelo D'Alessio, Pedro Etchebest, presentó un escrito en el juzgado de Claudio Bonadio luego de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le informara al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla que ya había intervenido el teléfono del empresario antes de que estallara el escándalo de espionaje ilegal, en el marco de una causa que investiga el magistrado Bonadio.
El escrito fue presentado para autorizar a la abogada del empresario Natalia Salvo a intervenir en el expediente por el cual "nunca fue notificado ni citado", según explicó la propia letrada a PERFIL. "Nos presentamos para tomar conocimiento de la causa porque él jamás fue citado, no se tomó ninguna medida", agregó.
Pero lo que más llamó la atención a la defensa de Etchebest fue "que sea en el juzgado de Bonadio", magistrado que lleva adelante la causa conocida como "Operativo Puf" que justamente investiga escuchas entre funcionarios presos del gobierno anterior que mencionaban al fiscal Carlos Stornelli y la denuncia en su contra.
Etchebest denunció en enero de este año haber sido víctima de extorsión por parte de D'Alessio y esa fue la primera operación de inteligencia ilegal que comenzó a investigar el juez de Dolores, a la que luego se le sumaron más de treinta.
Antes del Caso D'Alessio, la AFI ya había intervenido el teléfono de Etchebest por orden de Bonadio
Pero la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) informó ahora que habían escuchado a Etchebest en 2015, en un caso por estafa que tramita en lo de Bonadio caratulada "Burgos, Diego s/ estafa".
"No sabemos ni de qué se trata la causa, ni cuando fue intervenido el teléfono y tampoco por cuanto tiempo", precisó Salvo, aunque aclaró que vio trascendidos periodísticos en donde se informó que las escuchas fueron durante nueve meses en 2016.
"Sería un escándalo si las escuchas son de este año sobre todo porque Bonadio está en la causa del Operativo Puf, de escuchas, por las que mi cliente está imputado y pedimos la recusación de Bonadio", manifestó la abogada, y destacó que además "convalidaría lo que decían (los agentes procesados y detenidos por asociación ilícita) Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi de que el teléfono de Etchebest estaba pinchado".
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Por otro lado, Salvo argumentó que para autorizar una escucha "tiene que haber una orden del juez. La Corte Suprema sacó una acordada diciendo que para intervenir un teléfono tienen que ser delitos graves y tiene que decir qué es lo que está buscando. No tenemos esa orden ni los motivos".
A partir de llegar a su conocimiento esa información, el juez Ramos Padilla libró un oficio a Bonadío, a fin de que remita, "en forma urgente y ad effectum videndi, dichas actuaciones".
CP