El Tribunal Superior de Justicia rechazó dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien permanece detenida en Jujuy, pese al reclamo impuesto por organismos internacionales como la ONU, OEA y CIDH para que sea liberada de modo "urgente".
De acuerdo con La Nación, los jueces Laura Lamas González, José Manuel del Campo y Federico Francisco Otaola determinaron confirmar la prisión preventiva de la dirigente ya que, según su interpretación, la orden de detención no está vinculada por la actividad parlamentaria de Sala sino con los delitos de la que se la acusa.
"La orden de detención dispuesta por el Magistrado de Control, no se originó, de manera alguna, en las opiniones y votos emitidos por Sala en ejercicio de sus funciones, que por otra parte nunca llegó a ejercer, y que la orden de detención fue dictada por el juez competente en los supuestos legales que habilitan la procedencia de la medida", consideraron los jueces.
La decisión se suma a la ratificación que hicieran los mismos magistrados sobre lo dictado por la Cámara de Apelaciones y Control, que confirmó el auto de prisión preventiva de abril. "Se advierten otras circunstancias que llevan a concluir que la libertad de la imputada conllevaría no solo el riesgo para asegurar que el fin del proceso se cumpla, sino también peligro para los testigos por las actitudes intimidatorias que han debido, supuestamente, soportar, aún cuando la imputada se encontraba sometida a las medidas de coerción de la libertad", recalcó la Sala II del TSJ.
Sala permanece detenida desde enero de 2016 por el delito de instigación a cometer delitos y tumulto, figuras excarcelable de acuerdo a la normativa provincial. Ya en prisión, fue acusada de enriquecimiento ilícito y de pertenecer a una asociación ilícita, además de fraude y extorsión junto a varios integrantes de la Tupac Amaru y funcionarios de la gestión kirchnerista de la provincia por el aparente desvío de millones de pesos que el gobierno nacional giraba al jujeño para que lo entregara a las cooperativas que debían construir viviendas sociales.
Una cuestión política. El fiscal de estado de Jujuy, Mariano Miranda, advirtió sobre el "claro contenido político" de los pronunciamientos de organismos internacionales que piden la liberación de Milagro Sala, pero aclaró que la jefa de la Tupac Amaru sigue con prisión preventiva por "el riesgo procesal" de que "pueda presionar a los testigos" en causas por corrupción.
Asimismo, señaló que "el Poder Judicial ya analizará este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" que se difundió ayer en apoyo a los pedidos por la libertad de la dirigente kirchnerista basado en la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
Miranda sostuvo que "hubo distintos elementos que llevaron a un juez penal a ordenar la prisión preventiva de Milagro Sala, en primer momento porque mantenía sitiada a la ciudad con cortes de calles" pero recordó que "en esa causa se ordenó el cese de detención" y luego "se ha dictado la prisión preventiva por hechos de corrupción".
En diálogo con radio Mitre, el fiscal de estado recordó que ante los planteos del grupo de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana anterior "se han cursado las invitaciones a través de la Secretaría de Derechos Humanos" de la Nación. Y, recordó que surgió el "planteo de distintos organismos internacionales a raíz de la denuncia del CELS y los distintos parlamentarios del Mercosur", que buscan apoyar la situación de la diputada electa del Parlasur, que no llegó a jurar en el cargo.
"Las causas se inician con denuncias que han realizado los presidentes de las cooperativas a quienes Milagro Sala y su grupo de gente se les quedó con fondos y robó los fondos para construir viviendas", añadió Miranda, según consignó la agencia DyN.
Organismos internacionales. Miranda relativizó las notas enviadas por la ONU, OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que solicitaron al Estado argentino asegurar el debido proceso y las garantías de la detenida. "Una vez que Cancillería informe al Poder Judicial, el Poder Judicial ya analizará este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
"Es claro el contenido político de estas opiniones, tanto del Grupo de Trabajo, la carta del secretario general de la OEA, (Luis Almagro) y aún este comunicado. Pero ninguna de estas opiniones, comunicados y cartas disponen -porque no están dados los requisitos según antecedentes ante la misma comisión o la Corte de Derechos Humanos- de medidas cautelares que ordenen la liberación a una persona con prisión preventiva que se le han dado todas las garantías del debido proceso y constitucionales", advirtió.
Mensaje de Malcorra. A su vez, la Cancillería argentina sostuvo que "toma nota" del reclamo de la CIDH) y señaló que "notificará" sobre su contenido a la Justicia jujeña.
En un comunicado emitido a pocos minutos de conocerse el pronunciamiento de la CIDH, Cancillería reiteró, como lo hizo en su momento con un reclamo similar de la ONU, que "la República Argentina ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal". Tras reafirmar su "compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos" y su "voluntad de seguir trabajando en conjunto" con los organismos internacionales, dijo que "confía que la Comisión aceptará la invitación que se le formulara para visitar la Argentina y en particular Jujuy, a fin que sus integrantes puedan tomar contacto directo con los distintos actores" involucrados en el caso Sala.
