En medio de las versiones que rodaron en la semana respecto a una posible liberación del empresario Cristóbal López y su socio, Fabián De Sousa, el que movió sus fichas fue el fiscal Gerardo Pollicita. Ayer le pidió al juez Julián Ercolini que ejecute los embargos por más de 17 mil millones de pesos que dictó sobre Cristóbal, De Sousa y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Para llevarlo a cabo, Pollicita pasó revista a una lista de setenta inmuebles, 1.266 vehículos y maquinarias y cuatro embarcaciones, cinco aeronaves y las participaciones accionarias directas de López y De Sousa en sociedades del Grupo Indalo. Si Ercolini hace lugar, habrá que poner precio a cada uno de esos bienes para tomar “la dimensión de los patrimonios con los que deberán responder por su responsabilidad penal en los hechos”.
En el dictamen al que accedió PERFIL, Pollicita explicó que el fin es “preservar el patrimonio sobre el cual, eventualmente, procederá el decomiso” y “evitar un deterioro que conspire contra la garantía patrimonial que con su cautela se pretende salvaguardar”. También pidió que “se mantenga las inhibiciones generales de bienes decretadas respecto de los procesados así como también con relación a las 132 empresas que integran el Grupo Indalo”.
Según el fiscal, “López y De Sousa, partícipes de esta maniobra, han actuado directa o indirectamente como controlantes de las acciones de todo el conglomerado Grupo Indalo y, desde esa posición, se sirvieron del complejo entramado societario no solo para ejecutar la maniobra –lo cual hicieron desde Oil Combustibles SA– sino también para impedir que los fondos sustraídos de las arcas públicas puedan ser recuperados”.
El pedido de embargo llegó al final de una semana en la que los teléfonos de los periodistas dedicados a temas judiciales sonaron con ansiedad: desde el lunes se había instalado con fuerza la versión de la inminente libertad para López y De Sousa, presos desde diciembre, por vender sin permiso el Grupo Indalo cuando estaban inhibidos. Las filtraciones aludían a un presunto acuerdo entre el empresario y el Gobierno. “Ya está, ya sale”, decían las versiones que nadie se atribuía. Pero la semana terminó y López y De Sousa siguen tras las rejas.
Fuentes judiciales dijeron a PERFIL que la Sala I de la Cámara Federal recién comenzó a estudiar el fallo firmado por el juez Ercolini en donde procesó a los dos empresarios y a Echegaray por defraudación al Estado, a raíz de la evasión de 8 mil millones de pesos de la empresa Oil Combustibles. Allí la defensa de los empresarios planteó que no hubo “ninguna acción” para obstruir la actuación de la Justicia y por lo tanto no corresponde que estén en prisión. La decisión está en manos de los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero.
Las fuentes señalaron que por ahora los jueces no hicieron saber qué decisión iban a adoptar. Si no se pusieran de acuerdo, tendrían que llamar a un tercero para desempatar. El nombre elegido sería Eduardo Farah porque ya intervino previamente en la megacausa por asociación ilícita que impulsó Elisa Carrió en 2008 y de la que terminó formando parte esta investigación.
Habrá que esperar para saber si los vaticinios se cumplen.
Piden el embargo de Cristóbal López, De Sousa y Echegaray
La lista incluye las acciones en sociedades de Indalo, 70 inmuebles, 1.266 vehículos, cinco aeronaves y cuatro embarcaciones. Suman hasta 17 mil millones de pesos.
