Piden la indagatoria de CFK por "fraude al Estado" para favorecer a Báez
Los fiscales Pollicita y Mahiques investigan además a otros 33 funcionarios y empresarios por supuestas irregularidades en la obra pública.
DÉCADA GRANADA. Cristina Fernández. |
Pablo Temes.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron este martes que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 33 acusados por la adjudicación irregular de obra pública durante su gobierno, en un planteo hecho ante el juez federal Julián Ercolini, confirmaron fuentes judiciales.
La acusación se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.
Los fiscales entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, direccionaron las adjudicaciones para el empresario kirchnerista.Tanto Néstor como Cristina como Néstor Kirchner fueron acusados de ser el "eje central" y "cúpula" de un "plan" y "maniobra criminal" de estafa al Estado.
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Entre los nombres requeridos por los fiscales para ser indagados se encuentran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; a Báez y su hijo Martín; y a otros funcionarios que dependían de De Vido y que manejaban las obras viales en Santa Cruz. Pollicita y Mahiques pidieron a Ercolini que dicte la inhibicación general de bienes para todos ellos.
Los fiscales llegaron a esta decisión luego de analizar cerca de 50 obras viales que fueron asignadas a las empresas de Lázaro Báez desde el Estado Nacional.
El delito que se les imputa a los acusados es de "defraudación contra la administración pública" y "negociaciones incompatibles con la función pública". En los pasillos de tribunales se sostiene que esta nueva acusación contra la expresidenta es sólo para allanar el camino hacia una causa mayor: la "asociación ilícita", con penas mucho más graves. La denuncia por "asociación ilícita" viene siendo impulsada por Elisa Carrió desde 2008.
"Durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner", señala de manera contundente en uno de los párrafos según publica Infobae.
