El presidente Alberto Fernández firmó más de dos decenas de decretos de necesidad y urgencia (DNU) desde el inicio de la cuarentena pero ninguno de ellos fue ratificado por el Congreso, como lo establece el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Por decreto, el mandatario dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio con vigencia a partir del 20 de marzo, sus sucesivas extensiones y otras medidas como la prohibición de despidos por 60 días, el congelamiento de las cuotas de credidos hipotecarios y la creación de un Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción entre otros temas.
De acuerdo a la Constitución, es la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo la que debe tratar los DNU para luego ser avalados por las dos cámaras del Congreso. Una veintena de DNU ya fueron avalados la semana pasada pero aún no lograron ser tratados en el recinto y se espera que sea la prioridad de la primera sesión virtual en el Senado.
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En ese contexto, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el tratamiento que se le da a los DNU que emite el Poder Ejecutivo, dándole un plazo de 60 días para que el mismo sea avalado o rechazado y estableciendo que sean ambas cámaras del Congreso Nacional las que se pronuncien al respecto.
“Los decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas Cámaras dentro de los sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de su dictado, se los considerará nulos de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión”, señala el texto de la iniciativa.
El diputado radical por San Luis Alejandro Cacace, uno de los autores del proyecto, explicó en diálogo con PERFIL que un DNU "tiene jerarquía de ley, salvo que las dos cámaras lo rechacen", es decir que si solo cuenta con la negativa de una Cámara y la otra ni siquiera lo trata, el DNU sigue teniendo validez.
Ese sistema se denomina "sanción ficta" de los DNU, que significa que la aprobación de solo uno de los cuerpos (o falta de rechazo de ambos) que hacen al Poder Legislativo es suficiente para convalidar el DNU. Es por eso que el proyecto sostiene que deberán ser ambas cámaras las que se pronuncien para darle validez a los decretos del Poder Ejecutivo.
Según recordó Cacace, esta modalidad fue instaurada en 2006 por un proyecto de Cristina Kirchner cuando aún era senadora, que avanzó con la creación de la Comisión Bicameral que hoy se encuentra vigente. En ese entonces, la oposición ya había hecho el reclamo para ponerle plazo al tratamiento parlamentario de los decretos pero finalmente el texto final no incluyó esa cláusula.
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"Ese proyecto que hizo Cristina en el 2006 fue muy a la medida del Poder Ejecutivo", aunque reconoció que lo aprovecharon todos los presidentes que vinieron después de Néstor Kirchner. De acuerdo a su lectura, "lo que terminan haciendo los presidentes es usar los DNU como una herramienta cuando tienen debilidad en el Parlamento".
Con la composición actual de ambas cámaras, la oposición podría juntar con mucho esfuerzo el número necesario para rechazar un DNU pero el poroteo en el Senado hace casi imposible una negativa en esa Cámara, lo que garantiza que el oficialismo puede avanzar con casi cualquier propuesta a través de un DNU.
El proyecto de ley cuenta con el acompañamiento de 28 diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica como Marcela Campagnoli, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Gustavo Menna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Álvaro de Lamadrid, Diego Mestre, Brenda Austin, Soher El Sukaria y Sebastián Salvador, entre otros.
