La líder del GEN, Margarita Stolbizer, solicitó este viernes al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la suspensión de los contratos relacionados con empresas involucradas en la causa por el presunto pago de coimas en obras públicas.
"Además de promover las investigaciones necesarias en las sedes administrativas y judiciales, corresponder también suspender los contratos, adjudicaciones, licitaciones y cuantas decisiones administrativas correspondan y que se hubieran tomado con relación a las empresas involucradas en el pago de coimas", manifestó Stolbizer en una carta enviada al titular de la cartera del Interior.
"Hasta tanto no se resuelvan las investigaciones judiciales relacionadas con el 'esquema' de corrupción y sobornos, deben evitarse adjudicar nuevas obras públicas a las empresas involucradas, a fin de garantizar la transparencia en los procesos de adjudicación", agregó la dirigente en la misiva, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
En ese marco, Stolbizer solicitó al ministro que "se disponga diferentes medidas en torno a la actuación de las empresas Electroingenieria, Grupo Albanesi, Esuco, IMPSA, Isolux Corsan, y las que pudieran surgir con el avance de las investigaciones, y con relación a las diferentes obras licitadas por el Estado Argentino".
La ruta de las coimas y el Lava Jato, un espejo prematuro
Y concluyó: "Las instituciones aparecen involucradas en estas investigaciones y por esa misma razón se hace un deber para los actuales funcionarios a cargo del Poder Ejecutivo demostrar un verdadero interés en no repetir idénticas prácticas corruptas facilitando el esclarecimiento y la aplicación de las sanciones que correspondan".
Gobierno. Por su parte una fuente del ministerio de Energía precisó que, a partir de la información que figura en los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Julio De Vido, donde se hace referencia a empresas involucradas en una presunta asociación ilícita dedicada a repartir dinero en bolsos, supuestamente de coimas ligadas a la obra pública, sostienen que se revisará todo y si se comprueba alguna “irregularidad”, será apartada. Así lo informó el periodista Martín Dinatale de Infobae.
Desde la cartera que conduce Javier Iguacel aseguran que desde el Gobierno esperan que "la justicia actúe rápido para sacar a los empresarios corruptos", aunque están convencidos de que muchas de las empresas nombradas en los cuadernos continuarán con sus operaciones, dado que se trata de "delitos personales, no de empresas", completaron al mencionado medio.
Medida. Desde ese Ministerio ya solicitaron un análisis de cada uno de los Proyectos Público-Privados (PPP) lanzados por el presidente Mauricio Macri para verificar nombres y datos.
Causa. El juez federal Claudio Bonadio investiga a empresarios y exfuncionarios por conformar una supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2008 y 2015 para el reparto de bolsos con dinero de sobornos. Para el magistrado la misma fue "comandada por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner".
La causa se inició a partir de una serie de cuadernos pertenecientes a Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, hombre de confianza de los expresidentes y de Julio De Vido, en los cuales el hombre detallaba todos los viajes que hacia, así como también a las personas a las que les llevaba los bolsos.
Situación judicial. Centeno aceptó el jueves declarar como "arrepentido" ante Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y ratificó que los cuadernos eran de su propiedad y confirmó el contenido de los mismos.