Con mucha simpleza (que por su imprecisión puede inducir al error), algunos analistas y periodistas se han apresurado a comparar la investigación en curso, basada en los cuadernos de Centeno, con el Lava Jato brasileño.
Es cierto que, similar al Lava Jato, la investigación actual ya no tiene en la mira (como las del pasado) únicamente a políticos sino también a empresarios. Y esto es muy positivo ya que la lucha contra la corrupción debe apuntar no sólo a la mano que recibe sino también a la que da el soborno.
Sin embargo, para que la comparación con el Lava Jato sea pertinente, un buen número de políticos argentinos (incluido expresidentes) de casi todos los partidos políticos principales (y no sólo los K), e igualmente importantes empresarios y no sólo sus gerentes (tanto los de larga como los de más reciente trayectoria) deberían terminar en la carcel, con sanciones penales y económicas significativas, en caso de que sean hallados culpables en un tiempo relativamente corto.
Lo que el Lava Jato demostró es que la corrupción no era un pecado que afectaba a un solo partido o a unos pocos empresarios sino que -al estar estrechamente vinculada con el financiamiento político, el tráfico de influencia y los conflictos de intereses- afectaba a la totalidad de los principales partidos políticos y al más alto nivel, así como a los principales grupos empresariales y también al más alto nivel.
Por ello, y sobre todo en un país con una corrupción sistémica y estructural, como lo es Argentina, como bien advierte Klitgaard, la Justicia no debería poner la lupa sólo en un grupo político y empresarial, si desea que su lucha contra la corrupción sea creíble y no acusada de constituir una persecución política en contra de un sector político determinado.
Este es un primer punto central: el carácter sistémico y estructural de la corrupción en Argentina. Como bien señala Alconada Mon en su artículo de hoy en LN:
“Las coimas en el Senado, el caso Skanska, la Rosadita, el capítulo argentino del Lava Jato, el escándalo por los aportantes truchos a las campañas políticas y, ahora, los llamados 'cuadernos de las coimas' son parte de lo mismo. Son piezas de un rompecabezas que exponen cómo funciona en las sombras una red gigantesca de corrupción e impunidad. Tan grande que conforma un verdadero sistema de acumulación de poder y riqueza, impune, en la Argentina”, describe.
Y agrega: “Ese entramado incluye de todo: políticos, empresarios, periodistas y dueños de medios, jueces y fiscales, gremialistas, policías y espías, lobistas y mucho más. Y juntos conforman lo que un científico argentino que vive en Alemania, Matías Dewey, llama el 'orden clandestino".
Con base en todo lo anterior, me pregunto: ¿Estamos preparados en Argentina para llevar adelante un proceso de las características del Lava Jato y de hacer frente a sus consecuencias políticas y empresariales? ¿Tenemos los instrumentos jurídicos y procesales para avanzar con suma celeridad? ¿Contamos con una ley de arrepentido que facilite un proceso rápido y eficaz de delación premiada? Por el momento, todos los empresarios detenidos se negaron a declarar. Mi respuesta es que tenemos una ley con serias limitaciones cuando la comparamos con la del Brasil.
¿Contamos con una ley de extinción de dominio para privar a los corruptos de los bienes que han obtenido fruto de la corrupción? Mi respuesta es "aún no". Su discusión lleva durmiendo dos años en el Senado. Ahora pareciera que se va a reactivar.
¿Contamos con jueces y fiscales (similares al juez de Lava Jato, Sérgio Moro, entre otros) decididos a investigar a fondo la corrupción estructural Argentina y no solo la de un grupo político y de empresarios? Mi respuesta coincide con la expresada por Carlos Pagni sobre esta misma cuestión: “Se necesitaría una Justicia inquebrantable en todos los niveles. Y esto, en la Argentina, todavía está por verse”.
