La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de los exfuncionarios kirchneristas Aníbal Fernández y Daniel Gollán, además de siete proveedores del Estado, por supuesto fraude en el Plan Qunita.
El mismo tribunal dictó falta de mérito en el caso del exgobernador de Tucumán, Juan Manzur, por la misma causa.
Los jueces ratificaron también los embargos contra el ex jefe de Gabinete de Ministros y los otros procesados -excepto Gollán, que no había apelado la caución- hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos, según informó la agencia DyN.
Los delitos en los que supuestamente incurrieron los procesados, según los camaristas, fueron "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público".
En cambio la Cámara revocó por falta de mérito los procesamientos del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, más otros cuatro proveedores del Estado, que en primera instancia había dictado el juez federal Claudio Bonadio.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que las pruebas reunidas en la investigación "demuestran la importante desventaja patrimonial en que se hizo incurrir al Estado en la licitación" del Plan Qunita, que fue presentado en julio último por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"El panorama fáctico planteado en el sumario corrobora, en esta etapa, que el proceso de licitación y adjudicación estuvo plagado de irregularidades con el fin de obtener un beneficio económico, perjudicando con tal proceder las arcas públicas", fallaron los camaristas.
Los jueces sostuvieron que "se encuentra probado que Daniel Gollán -en su carácter de Secretario de Salud Comunitaria primero, y como Ministro de Salud de la Nación después-, ha estado a cargo de la gestión y control de la totalidad de la licitación".
Sobre Aníbal Fernández la Sala sostuvo que "convalidó con su firma todo lo actuado en el proceso licitatorio al tomar la intervención que le asigna la normativa específica", y resaltó que se abstuvo, en el análisis de la licitación, "formular las objeciones que el caso claramente exhibía".
De las empresas proveedoras, subrayó que "no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados, sino que, por el contrario, tenían objetos sociales relacionados a los rubros de la construcción, gráfico, informático o inmobiliario, entre otros; y presentaban un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación".
En febrero pasado Bonadio procesó a Fernández y a los otros acusados por supuesto "direccionamiento" de la licitación del Plan Qunita e "importantes sobreprecios".
