Por el freno a las elecciones de consejeros, el kirchnerismo busca sacarle a la Corte Suprema el manejo de los fondos y traspasárselos al Consejo de la Magistratura a través de la iniciativa del diputado Carlos Kunkel.
La propuesta pretende reglamentar el artículo 114 de la Constitución Nacional el que establece que es el Consejo de la Magistratura el que “tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del poder judicial”.
Este proyecto anunciado en abril por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner generó la intervención del presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y el Gobierno retrocedió ante la amenaza de renuncia en bloque de todos los ministros. Ahora arremete.
El presupuesto que se disputa es de casi 7 millones de pesos y el martes pasado fue primicia de Perfil.com la denuncia de Lorenzetti en contra del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray por haber iniciado una investigación tributaria a él y a sus tres hijos.
La pesquisa abarca al Administrador de la Corte, el contador Daniel Marchi, quien esta semana se reunió con funcionarios de la AFIP para aclarar la cuestión.
El nivel de tensión no cesa y enfrenta a dos facciones duras del ámbito judicial. Por un lado, el mendocino Daniel Ostropolsky, miembro del Consejo que representa a los abogados provinciales, advirtió que “mientras exista el predominio del factor político en la Magistratura, el presupuesto estará en manos del oficialismo”.
Según Ostropolsky, tanto la Procuradora Alejandra Gils Carbó como el juez Eugenio Zaffaroni “deberían saber que el Consejo está paralizado porque el oficialismo no da el quórum y cuentan con la complicidad de dos jueces", en clara referencia al presidente del cuerpo, el camarista laboral Mario Fera y al juez federal de Córdoba, Alejandro Sanchez Freytes.
En las antípodas, está la camarista del Crimen María Laura Garrigós de Rébori, quien preside la agrupación Justicia Legítima, alineada con el Gobierno. “No creo que haya mala fe en los miembros de la Corte. Lo que guía nuestra interpretación es la ideología, y el corporativismo guía la interpretación de ellos”, sostuvo ante la decisión de los cortesanos que frenó las elecciones legislativas de consejeros.
“Lo que dice la Corte es la última palabra. Pero si hay dos posibles interpretaciones de la norma siempre hay que dejar subsistente la que mantenga la ley en pie porque es la voluntad popular”, destacó.
“Tenemos que trabajar en el acceso a justicia, oralidad, publicidad de sentencias, y en las condiciones laborales. Todo lo que debió hacer la Corte que ahora se resiste a que se traspase la administración al Consejo de la Magistratura”, dijo.
Garribós de Rébori además reclamó no haberse podido constituir como asociación todavía porque dependen de una autorización del Máximo Tribunal según lo establece el Reglamento de la Justicia nacional.
