A horas de que se reanude la actividad judicial tras el receso de verano, los empleados bonaerenses recibieron una buena noticia. Fue luego de que se conociera la decisión del abogado Juan Manuel Álvarez Echagüe, quien actuó como conjuez de Lomas de Zamora, con la que ordenó al gobierno de Axel Kicillof que otorgue un aumento a magistrados y funcionarios judiciales de la provincia, de forma escalonada, hasta alcanzar el 80 % de sus colegas del fuero federal, en el lapso de los próximos cinco años.
El fallo, que también dispuso que se incluyan las partidas necesarias en el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo, empezaría a poner fin a una brecha desigual entre los colegas de Provincia y sus pares. Pero ayer por la tarde, apenas horas después de que se conociera la decisión, cerca del gobierno de Kicillof consideraron la medida, que involucra un fuerte desembolso monetario, como “impracticable” y se descuenta que la medida será apelada en breve por el Ejecutivo provincial.
La decisión respecto de la situación salarial de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires se dio en el marco de una acción de amparo que fue presentada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios judiciales bonaerenses y por los presidentes de las asociaciones de los 19 Departamentos Judiciales de la provincia, hace casi tres años, en mayo de 2018.
Desde entonces, el caso estuvo en trámite y estudio. Para su tratamiento se necesitó la intervención de la figura de conjuez, que está prevista en la Constitución provincial. La misma está basada en el hecho de que ningún magistrado puede resolver en una causa en la que se viera afectado. La elección de Álvarez Echagüe se dio en el marco de un sorteo realizado entre letrados matriculados, cuyo listado de datos fue aportado por el Colegio de Abogados de la provincia.
Entre los planteos realizados por los peticionantes estaba que los empleados del poder judicial bonaerense recibían una remuneración ostensiblemente menor que las de sus pares de otras provincias. Tal es así que están en el puesto 18 en comparación con trabajadores judiciales de otras 22 provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la justicia federal. Precisamente con este fuero estaban dadas las principales diferencias.
Resolución. A la hora de expedirse, haciendo lugar al recurso de amparo, Álvarez Echagüe resolvió ordenar “al Poder Ejecutivo provincial para que, conforme las pautas que se detallan en el apartado D) de los Considerandos de esta resolución, proceda a realizar la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos efectos deberá incluir las partidas necesarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022”.
Para Álvarez Echagüe, la recomposición salarial debe ser del 10 % anual a lo largo de los 5 años subsiguientes, al tiempo que consideró que su decisión no implica fijar las remuneraciones de los jueces o empleados de la justicia provincial, sino establecer un esquema de recomposición salarial ya que el Estado Provincial incumplió con la obligación asumida en mayo de 2016.
Mientras que la resolución fue celebrada cerca del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que reúne a unos 8000 asociados entre jueces, fiscales y defensores de las 19 departamentales, en breve se concretaría la apelación a la decisión, lo que augura que el debate entorno al tema continuará su trámite.
Vacunas para volver a trabajar
El titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, insistió con su pedido para que los funcionarios judiciales sean incluidos en el Plan Estratégico para la Vacunación contra el covid-19 en la República Argentina. Al mismo tiempo que advirtió que de lo contrario se seguirá con el régimen actual, de semipresencialidad.
A una semana de su primer pedido para ser incluidos en el plan de vacunación, en el marco de la estrategia contra la pandemia de covid-19, la UEJN resaltó la necesidad de vacunación para que se puedan realizar tareas presenciales.
En ese sentido, destacaron que de no acceder a la misma, la Justicia deberá seguir con las “limitaciones” con que funcionó el año pasado.
Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, en materia de medidas sanitarias, el Poder Judicial estuvo en sintonía con las medidas dispuestas desde el Ejecutivo Nacional.
