El abogado Ricardo Monner no se quedó cruzado de brazos luego que Clarín revelara que Amado Boudou espía a los empleados del Ministerio de Economía y también a periodistas críticas. El letrado envió un pedido a la Justicia para que se investigue una presunta "asociación ilícita" creada por una resolución secreta que habilitó al jefe del Palacio de Hacineda a revisar correos electrónicos y pinchar teléfonos de los trabajadores ministeriales.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Morán de la Coalición Cívica presentó también en Comodoro Py una denuncia penal para que se investigue al ministro de Economía por "abuso de poder". "Acciones como esta no nos sorprenden viniendo de Boudou o de Aníbal Fernández, que les gusta pinchar los teléfonos y los correos electrónicos. Esta resolución es lo más parecido al control del personal que tenía el régimen franquista", fustigó el precandidato a gobernador de la CC en la Provincia.
En el escrito presentado por Monner Sans, en tanto, se señala que "con base en lo que se ha conocido a través del periodismo en el día de hoy, martes 21 de diciembre de 2010, ahora se “comprende” por qué no he recibido más información respecto de los ilícitos que se han cometido en el área del Ministerio de Economía".
El pedido recuerda que "a raíz de que la primera acción judicial recaló en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián Daniel Ercolini, los ilícitos de los que fui ulteriormente anoticiado permitía –largamente- reunir todo lo denunciado por una imprescindible aplicación del art. 42 del Código Procesal Penal. Era la única manera de intentar saber si dentro del Ministerio a cargo de Boudou existía una asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).
El presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, no obstante, observó: "No hay Juez aún que se haya tomado el trabajo de advertir de la inconstitucionalidad del art. 204 del Código Procesal Penal –jamás pueden ser secretos los expedientes que se vinculan con el PODER (el titular de la soberanía es el pueblo –art. 33 de la Constitución Nacional- quien por tanto “otorga el poder”), he debido quedarme expectante, con legítimo fastidio constitucional, en punto al andar de aquel conjunto de ilicitudes".
El Dr. Monner Sans también advirtió en la presentación que "salvo que la Presidencia de la Nación hubiere “permitido” el acto clandestino, en cuyo caso habría que extender la investigación porque el eventual “permiso para espiar” es siempre inconstitucional. Quiero no creer que así haya sido".
De acuerdo al artículo 33 de la Constitución, “será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.- La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros".
Asimismo, el diputado nacional de la UCR, Juan Pedro Tunessi, adelantó que “desde el Bloque de la UCR, vamos a presentar un pedido de informe para saber acerca de la creación de un ‘grupo especial’ dentro del Ministerio de Economía".
El legislador bonaerense señaló que la medida de Boudou "vulnera las garantías individuales de los empleados del Ministerio de Economía y atenta contra la privacidad de las personas. Es un despropósito perseguir de esa manera a los individuos, justificando que dicha resolución es para corregir un desorden informático, como así también la persecución a los periodistas críticos de su gestión”, concluyó Juan Pedro Tunessi.
