Después del intento kirchnerista, el Gobierno de Cambiemos quiere modificar el manejo de las causas penales. Los detalles.
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DyN
El Código Procesal Penal está en una especie de limbo administrativo desde el año pasado. A mediados de 2015, el kirchnerismo logró aprobar su reforma, después de años de disputa con el Poder Judicial. La ley resultante, la número 27.063, debía entrar en vigencia en marzo de 2016, ya durante el próximo gobierno que, se esperaba entonces, sería del mismo partido.
Pero el balotaje dio como ganador a Mauricio Macri, quien a fines de diciembre pasado firmó el decreto 257/2015, que establecía que el proyecto "entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación", bajo la órbita del Congreso nacional, "previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación". Es decir, cuando el nuevo gobierno lo dispusiera
Por eso, el gobierno nacional presentó hoy su propio proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Nación, con ejes distintos a los que postulaba el kirchnerismo. El nuevo texto busca limitar las excarcelaciones, avanzar con el sistema acusatorio de fiscales, habilitar la figura del agente encubierto y respaldar las entregas vigiladas.
El encargado de anunciarlo fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, en un acto en el que lo acompañó el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, ante un plenario de la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación, según informó la agencia DyN.
El proyecto de reforma, que ya ingresó en el Senado, aspira a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. Con ese fin, incorpora de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general, se informó oficialmente.
Entre los principales cambios, Garavano destacó la reforma al artículo 5, que permitirá la reapertura de los procedimientos, por ejemplo en el caso de que el fallo se haya basado en hechos falsos. El artículo original impedía la reapertura, salvo que la revisión de la sentencia se hiciera a favor del condenado. El funcionario también resaltó el cambio al artículo 288 que permitirá que la información suministrada por los imputados podrá ser usada como prueba en contra de otros imputados, en particular en la investigación de los delitos complejos.
"Es por ello que el Código que presentamos ante el Congreso introduce nuevas medidas de investigación contra los delitos complejos como la figura de arrepentido, el agente encubierto, el informante y mecanismos de vigilancia", mencionó el subsecretario de Política Criminal en la conferencia que se hizo en la sede de la cartera.
El actual proyecto de reforma surgió en reuniones con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil, a partir de cuyo diálogo se concretó el diseño de una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal y que contempla la participación del perjudicado durante la etapa procesal, junto al fiscal y al juez. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020, se señaló.
