La visita del fiscal Alberto Nisman mañana al Congreso ya levantó polémica respecto a si será abierta a los medios de comunicación o reservada sólo para los diputados. Oficialistas y opositores entraron en un tira y afloja que está siendo seguido de cerca por Cristina Kirchner y que se terminará de resolver el mismo día. El fiscal, por su parte, ya dejó trascender que pretende que sea cerrada, porque teme que el kirchnerismo busque montar un escenario para desprestigiarlo.
“El fiscal pidió reserva y así lo coordiné, así que lo voy a mantener”, le aseguró Patricia Bullrich a PERFIL. “Si termina siendo pública, es para lo mismo que ya dijo por televisión”, agregó. La diputada de Unión PRO invitó a todos los miembros de la Comisión de Legislación Penal al encuentro, pero que será informal y no una reunión de comisión común y corriente. Por ende, no está claro cómo se tomará la decisión.
Desde el bloque oficialista insinuaron que todas las actividades que se desarrollan en la salas de la Cámara de Diputados son públicas, salvo casos excepcionales avalados por el reglamento. Pero esta reunión no se rige por el reglamento. El viernes, la conducción del bloque recibió la orden expresa de la Presidenta de ir a la reunión. “Con los tapones de punta”, había dicho Diana Conti. “Ir para tirotearlo”, graficó otra fuente del bloque.
El tema no está pasando inadvertido para la Casa Rosada. La cuenta oficial de Twitter publicó ayer que “según informa @natashanieb (por una periodista de Clarín) la diputada @PatoBullrich insistirá en que la reunión de Nisman el lunes sea reservada. #AMIA”. A pesar de contar con esa información, la estrategia del kirchnerismo es no sentar una postura hasta que se confirme oficialmente que el encuentro será reservado. “Nosotros vamos a ir, y veremos qué se decide”, expresó una importante fuente del bloque.
Las posturas son claras. El oficialismo está convencido en su estrategia de apuntar directamente al fiscal y no tanto al contenido de la denuncia, siguiendo así la lógica que ya viene mostrando el canciller Héctor Timerman en las dos conferencias que dio. La oposición, en tanto, pretende aprovechar la reunión para conseguir más pruebas y poder decidir si respaldan con más firmeza al fiscal, en una cuestión que saben que deben tratar con prudencia por la gravedad institucional de la denuncia.
“El fiscal pidió la reunión cerrada. Y yo creo que eso es imprescindible para que sirva. De lo contrario será inútil”, expresó Margarita Stolbizer. “Hay que garantizar un marco de seriedad y prudencia, y eso no se logrará si la reunión se convierte en un circo donde cada cual quiera ser protagonista”, consideró. Y agregó: “Quienes quieren hacer una reunión abierta lo que en verdad buscan es hacer callar al fiscal. Lo acusan de mentiroso, pero en realidad no quieren escuchar ni que se conozca lo que tiene para decir”.
La expectativa de la reunión está puesta sobre todo en las pruebas que podría presentar Nisman. El fiscal de la Unidad Especial AMIA tiene previsto ir con la presentación completa de 300 páginas, donde relata entre otras cosas operaciones de inteligencia que servirían para probar su denuncia de que Cristina Kirchner y el canciller, entre otros, montaron una estrategia para deslindar las responsabilidades de Irán en el atentado a la mutual judía que dejó 85 muertos en 1994. Allí, sin embargo, no podrá dar nombres ni cargos porque si no, violaría la Ley de Inteligencia Nacional. También podrá a dar a conocer más detalles de las escuchas telefónicas presentadas ante la Justicia. E incluso de correos electrónicos que también habrían sido espiados.
De todas formas, toda esa expectativa está condicionada a lo que finalmente pase con la reunión en Diputados. Si será reservada o no. O si finalmente se concreta.
El próximo paso judicial será en febrero. Luego de que la jueza María Servini de Cubría rechazara habilitar la feria para tratar la denuncia presentada por el fiscal general de la Unidad Especial AMIA, Alberto Nisman, el tema recién volverá a tener novedades en febrero.
El lunes 2 el juez Ariel Lijo volverá a su despacho y tendrá que mandarle el expediente al fiscal Ramiro González, para que decida si la denuncia tiene conexidad con la causa de irregularidades en la investigación del atentado, que se lleva en su juzgado.
Si la respuesta es afirmativa, deberá abrir una causa y, basado en las pruebas existentes, decidir a quiénes imputa. Nisman incluyó en ese listado a Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el líder islámico Jorge Khalil.
Si el fiscal decide que no hay conexidad, la causa será remitida a la Cámara Federal para que la sortee y otro fiscal decida si hay que abrir una investigación o no.
